La trama de hidrocarburos: fraude millonario, sobornos y presiones políticas
La denominada «trama de hidrocarburos» se perfila como uno de los casos judiciales más relevantes en España para el año 2026. Bajo la lupa de la Audiencia Nacional, esta red criminal está acusada de defraudar cerca de 192 millones de euros al fisco, de los cuales aproximadamente un millón habría sido destinado a sobornos y contraprestaciones a cargos públicos con el objetivo de facilitar sus operaciones en el sector de los carburantes.
Una estructura compleja para defraudar
La investigación, liderada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 y la Fiscalía Anticorrupción, señala a empresarios como Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de una organización que operaba mediante sociedades pantalla y testaferros. Entre las empresas implicadas destacan Villafuel S.L. y Have Got Time S.L., utilizadas para ocultar la identidad real de los beneficiarios y dificultar el rastreo del dinero.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el fraude funcionaba principalmente a través de la comercialización de combustibles, cobrando el IVA en las ventas pero sin ingresarlo a Hacienda. Cuando las autoridades fiscales detectaban las irregularidades, las sociedades eran liquidadas y se creaban nuevas para continuar con la actividad ilícita. Parte de los beneficios obtenidos habrían sido transferidos a cuentas en el extranjero, en países como Portugal, China y Colombia.
Presión a ministerios y sobornos millonarios
El avance de la trama dependía, en gran medida, de la obtención de licencias administrativas clave. La licencia para operar en el sector de hidrocarburos, fundamental para Villafuel, dependía del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, y del Ministerio de Industria, entonces bajo la responsabilidad de Reyes Maroto.
Las investigaciones apuntan a que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García jugaron un papel central en la presión a estos ministerios, intermediando con altos cargos y facilitando reuniones para allanar la concesión de permisos. A cambio de estas gestiones, la trama habría retribuido a Ábalos con el uso y disfrute de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz), cuyo alquiler fue pagado por sociedades vinculadas a la organización.
- Entrega de un chalet de lujo como parte de las contraprestaciones.
- Pagos en efectivo y a través de sociedades instrumentales, por un valor cercano al millón de euros.
- Organización de reuniones con jefes de gabinete y asesores ministeriales para influir en la concesión de licencias.
Vínculos políticos y opacidad
La documentación incautada y las conversaciones intervenidas por la UCO evidencian la existencia de una red de influencias orientada a “activar voluntades” dentro de la Administración, facilitando la obtención de permisos y la continuidad del fraude. En uno de los mensajes analizados, integrantes de la trama celebran que Ábalos actuó en favor de Villafuel tras recibir el chalet, lo que refuerza la tesis de contraprestación directa por favores políticos.
El caso ha salpicado no solo a Ábalos y Koldo García, sino también a figuras como Reyes Maroto y Teresa Ribera. La gestión de estas relaciones y la opacidad con la que se llevaron a cabo han quedado reflejadas en las comparecencias parlamentarias, donde Maroto llegó a negar inicialmente cualquier relación con los empresarios investigados, para posteriormente acogerse al silencio tras revelarse sus comunicaciones con los mismos.
Relación con otros casos y futuro judicial
La trama de hidrocarburos está relacionada con otros procedimientos en curso, como el conocido caso Koldo, en el que se repiten los mismos protagonistas y patrones de actuación: empresarios y altos cargos públicos colaborando para obtener ventajas ilícitas en la concesión de contratos y licencias.
Actualmente, el caso continúa en fase de instrucción bajo la dirección del juez Santiago Pedraz. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la ampliación de la investigación hasta 2026, ante la previsión de nuevas imputaciones conforme avance el análisis del material incautado. Los delitos investigados incluyen fraude fiscal, blanqueo de capitales, apropiación indebida de hidrocarburos y tenencia ilícita de armas.
Claves del caso
- Fraude superior a los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024.
- Un millón de euros en sobornos y contraprestaciones a funcionarios y políticos.
- Red de empresas pantalla y testaferros para eludir la acción de la justicia.
- Presunta implicación de altos cargos de varios ministerios y exministros.
- Relación directa con otros casos de corrupción política en España.
El desarrollo de este proceso judicial será determinante para esclarecer el alcance de la corrupción en el sector de hidrocarburos y su impacto en las instituciones públicas, así como para delimitar las responsabilidades penales y políticas de los implicados.
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