La UCO destaca el papel del Ministerio de Reyes Maroto en el caso Hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene su foco sobre el Ministerio de Industria y la responsabilidad de la exministra Reyes Maroto en el denominado caso Hidrocarburos, una trama de fraude fiscal estimada en 182 millones de euros que continúa sumando investigados y ramificaciones en la administración pública.
Industria, centro de información clave en el sector
A pesar de la defensa planteada por el Partido Socialista (PSOE), que insiste en desvincular a Reyes Maroto de cualquier implicación, los investigadores subrayan la relevancia del Ministerio de Industria en los hechos investigados. Este departamento era el receptor de información crucial sobre precios, comercialización y actividad de las empresas del sector, lo que, según la UCO, lo situaba en una posición privilegiada para detectar cualquier irregularidad en la actuación de empresas como Villafuel.
Villafuel, empresa nacional clave en la trama, está señalada como la responsable principal del fraude al IVA, al facilitar la venta en el mercado interior de petróleo venezolano presuntamente declarado como no destinado a España. La obtención de la licencia por parte de Villafuel, además, estuvo marcada por supuestas interferencias políticas, algunas de ellas directamente relacionadas con gestiones ante el propio Ministerio de Maroto.
Trama y altos cargos implicados
La investigación de la UCO también apunta a la posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos de varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Figuras como José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre aparecen vinculadas a la trama, junto a altos cargos como Teresa Ribera y la propia Reyes Maroto.
En el caso de Teresa Ribera, su departamento fue el encargado final de conceder la licencia a Villafuel, movimiento que resultó clave para la materialización del fraude. Sin embargo, la UCO destaca que los trámites y la información relevante pasaban también por Industria, desmintiendo así que la responsabilidad recayera exclusivamente en Transición Ecológica.
Obligaciones legales de Industria y acceso a información
El PSOE ha defendido en reiteradas ocasiones que la exministra Maroto no tuvo implicación directa, argumentando que su departamento no era el encargado de conceder licencias. Sin embargo, la UCO sostiene que el Ministerio de Industria tenía un papel fundamental en la recogida, tratamiento y difusión de información del sector. Las empresas autorizadas están obligadas a remitir periódicamente datos sobre precios, descuentos y volúmenes de comercialización al MINCOTUR, mientras que las comunidades autónomas deben informar sobre cualquier cambio registral relativo a esas compañías.
- Industria recibía información periódica sobre operaciones de las empresas del sector.
- Podía detectar irregularidades en la tramitación de licencias y operaciones comerciales.
- Existían reuniones documentadas entre representantes de Villafuel y altos cargos del ministerio.
Estos elementos llevan a los investigadores a considerar que Industria no solo tenía acceso a toda la información relevante, sino que debía conocer las posibles prácticas irregulares de Villafuel durante el proceso de obtención de la licencia.
Fundamentos legales de la investigación
La UCO apoya su análisis en el artículo 42.3 de la Ley 34/1998, que obliga a los operadores al por mayor de productos petrolíferos a comunicar al Ministerio de Industria el inicio de sus actividades, así como cualquier modificación relevante. Este marco legal refuerza la idea de que el departamento dirigido por Maroto estaba en posición de conocer los movimientos de las empresas implicadas en la trama.
En conclusión, la investigación de la UCO sostiene que el Ministerio de Reyes Maroto desempeñó un papel relevante en el caso Hidrocarburos, tanto por sus competencias legales como por su acceso a información clave sobre el sector. Aunque el debate político sigue abierto, los investigadores consideran que la exministra no puede desvincularse completamente de los hechos bajo investigación.
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