SEPI ocultó información durante dos años a la Comisión Europea sobre el rescate de Air Europa y Plus Ultra
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, no remitió durante dos años información relevante a la Comisión Europea acerca del rescate financiero a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. Así lo ha reconocido la propia presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en un escrito remitido en abril de 2024, donde admite que ciertos informes no pudieron ser entregados durante el proceso de auditoría.
Rescates bajo supervisión europea
El Gobierno de España, mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, destinó recursos públicos para rescatar empresas afectadas por la crisis, entre ellas Air Europa y Plus Ultra. Aunque no todos los fondos provenían directamente de ayudas europeas Next Generation, estas actuaciones se realizaron bajo el marco temporal de ayudas estatales autorizado por la Unión Europea y estaban sujetas a la vigilancia de la Comisión Europea.
El FASEE fue creado para apoyar a empresas consideradas estratégicas y recibió financiación pública nacional, alineándose con las directrices comunitarias. Sin embargo, la transparencia en el uso de estos fondos ha sido puesta en entredicho por la reciente revelación sobre el retraso en la entrega de información clave a Bruselas.
Informe del Tribunal de Cuentas: obligaciones incumplidas
Un informe del Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano y publicado en abril de 2024, constató que la SEPI no había remitido el informe anual correspondiente al ejercicio 2022 sobre la actividad del FASEE a la Comisión Europea, tal como exige la normativa del propio fondo. El documento también apuntaba a deficiencias en la justificación del envío de información mensual al Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el Tribunal, el Fondo está sujeto a dos obligaciones principales de información:
- Elaborar y remitir un informe anual sobre las actividades del FASEE al Consejo de Ministros y comunicarlo a la Comisión Europea.
- Enviar información mensual al Ministerio de Hacienda sobre las operaciones realizadas.
Sobre la primera obligación, el Tribunal señaló que no consta la elaboración ni el envío del informe anual de 2022. Respecto a la segunda, se indicó que no se había acreditado de forma suficiente el cumplimiento de este requisito formal.
Reconocimiento tardío de la SEPI
En su respuesta, la presidenta de la SEPI reconoció el retraso en la entrega del informe anual, alegando que este documento se finalizó y remitió después de que los auditores realizaran su trabajo de campo en la sede del organismo. No obstante, defendió que la información mensual al Ministerio de Hacienda sí se había facilitado “ampliamente”, gracias a la representación directa del Ministerio en el Consejo Gestor del FASEE.
Supervisión de los rescates y recomendaciones del Tribunal
El informe del Tribunal de Cuentas analizó específicamente los rescates otorgados a Air Europa (475 millones de euros) y Plus Ultra (53 millones), concluyendo que las actuaciones de seguimiento y control han sido suficientes. Sin embargo, advirtió que no existen reglas uniformes para aplicar las previsiones de vencimiento anticipado en casos de incumplimiento reiterado por parte de las empresas beneficiarias o desvíos en los planes de viabilidad.
Por ello, el Tribunal recomendó a la SEPI aprobar una normativa clara que regule las decisiones a tomar durante la fase de cumplimiento de los acuerdos de apoyo financiero, ya sea para asegurar la continuidad empresarial o para aplicar rigurosamente las condiciones pactadas en caso de incumplimiento.
Respuesta de la SEPI: defensa de la gestión
La presidenta de la SEPI sostuvo que el objetivo del fondo es, al mismo tiempo, garantizar la devolución de los fondos públicos y asegurar la supervivencia de las empresas estratégicas apoyadas. Según Gualda, tanto los contratos suscritos como el manual de seguimiento aprobado contienen los mecanismos necesarios para actuar de manera adecuada ante cualquier incumplimiento, siempre con el propósito de proteger los recursos públicos y preservar la actividad económica y el empleo.
La controversia sobre la transparencia y la gestión de los rescates sigue abierta, a la espera de que se implementen las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y se refuercen los mecanismos de control exigidos tanto por las autoridades nacionales como comunitarias.
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