La Audiencia Provincial de Madrid anula la orden de analizar los correos de Begoña Gómez desde 2018
La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la orden emitida por el juez Juan Carlos Peinado que solicitaba acceder a los correos electrónicos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviados y recibidos desde 2018 hasta 2025 desde su cuenta institucional. Esta decisión, comunicada en un auto fechado el 9 de diciembre y conocido este lunes, considera que la petición carecía de la justificación necesaria e incumplía los principios fundamentales de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
Decisión judicial: falta de motivación y proporcionalidad
La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha estimado los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de Begoña Gómez contra una providencia dictada por el juez Peinado el pasado 3 de septiembre. El tribunal argumenta que la interceptación de comunicaciones debe estar respaldada por una resolución judicial debidamente motivada y ajustada a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
En este caso, los magistrados han señalado que la resolución de Peinado, al formalizarse en una providencia, no hacía referencia a ninguno de los requisitos legales exigidos, lo que da la razón a los recurrentes al considerar que la medida estaba desprovista de justificación suficiente.
El alcance de la investigación y los recursos interpuestos
El juez de Instrucción número 41 de Madrid había recibido copia de todos los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025. Dichos correos, procedentes de la cuenta institucional asignada a Gómez en Moncloa, fueron remitidos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mediante una providencia dictada el 2 de noviembre.
La petición de estos correos tenía como objetivo esclarecer si Begoña Gómez pudo haber influido a favor de empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como investigar su participación en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el posible empleo de su asesora en actividades privadas.
La Fiscalía y la defensa de Gómez recurrieron la decisión al considerar que era una medida «absolutamente desmesurada» y que vulneraba derechos fundamentales, así como la legislación vigente.
Implicaciones en la investigación
La investigación dirigida por el juez Peinado se centra en presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida. Además, el juez plantea que, en caso de llegar a juicio, el caso sea resuelto por un jurado popular, propuesta que también ha sido recurrida por la defensa de Gómez.
Además de Begoña Gómez, la causa incluye a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés como investigados. Por otra parte, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha quedado fuera de la investigación tras el levantamiento de su imputación, siguiendo indicaciones de la propia Audiencia Provincial de Madrid.
Principios legales y garantías procesales
- La Audiencia Provincial subraya que toda intervención en las comunicaciones debe ser autorizada mediante un auto judicial motivado.
- Se deben respetar los principios de especialidad, necesidad, idoneidad, excepcionalidad y proporcionalidad.
- La falta de justificación documental en la providencia inicial fue determinante para la revocación de la medida.
Con esta resolución, la Audiencia Provincial de Madrid refuerza las garantías procesales y limita el acceso a comunicaciones privadas sin la debida motivación legal, estableciendo un precedente relevante en investigaciones que implican a cargos públicos o sus familiares.
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