Sánchez bloqueó la auditoría europea sobre el rescate de Plus Ultra en 2021
En abril de 2021, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez impidió que un auditor externo europeo investigara el controvertido rescate de la aerolínea Plus Ultra. La iniciativa, propuesta por el Partido Popular (PP), fue rechazada por el PSOE en plena polémica sobre el uso de fondos europeos destinados a paliar los efectos de la pandemia de Covid-19.
Un rescate multimillonario en el centro de la polémica
El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2021 el rescate de Plus Ultra, una aerolínea que operaba con un solo avión y apenas representaba el 0,03% de los vuelos nacionales. A pesar de su reducido tamaño y de las pérdidas acumuladas, la empresa fue declarada “estratégica” para la economía española, argumento que justificó la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros.
Esta decisión generó un intenso debate político y social. Diversas formaciones y organizaciones pusieron en duda que Plus Ultra cumpliera los requisitos para ser considerada estratégica, destacando que su actividad se centraba en rutas con Venezuela y que la compañía acumulaba más de 13 millones de euros en pérdidas en cinco años.
Vínculos y antecedentes del rescate
Las investigaciones posteriores han revelado detalles relevantes sobre el proceso. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en el móvil de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, pruebas de una reunión mantenida el 7 de septiembre de 2020 entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces ministro José Luis Escrivá y Bartolomé Lora, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El objetivo de este encuentro era impulsar el rescate de Plus Ultra.
Además, se identificaron relaciones contractuales entre la empresa de las hijas de Zapatero y Julio Martínez, vinculado a Plus Ultra y considerado testaferro del expresidente. Cabe recordar que en 2017 ya se había promovido un rescate a la aerolínea con fondos procedentes de Venezuela a través de un crédito participativo de 6,4 millones de euros.
Negativa del Gobierno a la auditoría europea
En el contexto de este debate, y tras un dictamen del Consejo de Estado que exigía mayor control en la gestión de los fondos europeos, el PP solicitó que un auditor externo verificara la correcta asignación de las ayudas comunitarias. La respuesta del Gobierno fue negativa: el PSOE, a través del Congreso, bloqueó la iniciativa alegando posibles impactos presupuestarios.
La portavoz del PP en el Congreso en ese momento, Cuca Gamarra, fue la encargada de tramitar la petición y argumentó que el rechazo del Gobierno carecía de una base jurídica sólida. Según los socialistas, la creación de un órgano independiente para auditar los fondos podría aumentar los créditos presupuestarios vigentes, aunque no se especificó que este incremento fuera inevitable, sino únicamente “susceptible” de ocurrir.
- El PP cuestionó la justificación del PSOE, asegurando que la auditoría no supondría un gasto adicional, ya que el personal y los recursos provendrían del propio Ministerio de Hacienda.
- Se argumentó que la negativa respondía más a criterios políticos que económicos, y que el Gobierno empleaba un criterio subjetivo y arbitrario para restringir la labor de control de la oposición.
Reacciones y solicitudes de reconsideración
El Grupo Popular solicitó la reconsideración del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso el 20 de abril de 2021, que impedía que el Pleno debatiera la creación de la Autoridad Independiente de Recuperación Económica. Según el PP, la decisión no tenía impacto presupuestario real y respondía a una práctica habitual de limitar la iniciativa legislativa de los grupos de la oposición, en contra del artículo 134.6 de la Constitución.
Esta controversia ha avivado la discusión sobre la transparencia y los mecanismos de control en la gestión de los fondos europeos, así como el papel de los órganos independientes en la fiscalización de las ayudas públicas.
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