La Fiscalía Militar solicita ocho años de prisión para el capitán y cinco para el teniente por la muerte de dos soldados en Cerro Muriano
La Fiscalía Militar ha solicitado penas de prisión para dos oficiales del Ejército de Tierra tras la muerte de dos militares durante unas maniobras en la Base de Cerro Muriano, en Córdoba, el 21 de diciembre de 2023. El ministerio público considera al capitán responsable de dos delitos contra la eficacia en el servicio, por lo que reclama ocho años de cárcel, mientras que para el teniente solicita cinco años de prisión.
Detalles del caso y cargos presentados
Los hechos investigados se remontan al ejercicio en el que perdieron la vida el soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, quienes se ahogaron al intentar cruzar un lago durante un entrenamiento militar. Según la calificación fiscal, tanto el capitán como el teniente, responsables directos de la actividad, son acusados de dos delitos contra la eficacia en el servicio, figura penal que abarca la omisión de medidas de seguridad y la negligencia en la dirección de maniobras.
Situación de otros mandos y postura de la acusación particular
En el proceso también estaban siendo investigados un comandante y un teniente coronel, para quienes la Fiscalía propone la absolución. Esta decisión ha generado desacuerdo por parte de la acusación particular, que representa a la familia del soldado Carlos León.
El abogado de la familia, Luis Romero, ha expresado su conformidad con la petición de cárcel para el capitán, pero considera insuficiente la pena solicitada para el teniente. Además, Romero ha anunciado que solicitará la máxima condena para los cuatro militares implicados, solicitando nueve años y medio de prisión para cada uno por los mismos delitos, equivalentes a dos homicidios imprudentes.
Solicitudes adicionales: expulsión y compensación económica
La acusación particular también pedirá que el capitán y el teniente sean condenados como autores directos y que el comandante y el teniente coronel lo sean como cooperadores necesarios. Además, solicitará la expulsión definitiva del Ejército para todos los implicados.
En cuanto a la compensación económica, la familia de Carlos León reclama una indemnización de 500.000 euros, cifra superior a los 420.000 euros propuestos por la Fiscalía. El Ministerio de Defensa, por su parte, actuaría como responsable civil subsidiario en caso de que se dictara sentencia condenatoria.
Próximos pasos en el proceso judicial
- El tribunal militar deberá valorar tanto la petición de la Fiscalía como las solicitudes de la acusación particular.
- Se determinará la posible responsabilidad penal y administrativa de los cuatro mandos implicados.
- La resolución fijará la cuantía definitiva de las indemnizaciones y posibles medidas disciplinarias.
El caso pone de relieve la importancia de las medidas de seguridad en las maniobras militares y el papel de la cadena de mando en la prevención de accidentes durante el adiestramiento de las Fuerzas Armadas.
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