El Gobierno justificó el rescate de Plus Ultra: contexto y claves del caso
La reciente detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y del CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha vuelto a poner el foco sobre el polémico rescate de 53 millones de euros otorgado a la compañía en 2021. La sede de la empresa fue registrada en el marco de una investigación judicial por presunto blanqueo de capitales, actualmente bajo secreto de sumario y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
El origen del rescate y las dudas sobre su justificación
El caso Plus Ultra comenzó en 2021, cuando el Gobierno español, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), concedió 53 millones de euros a la aerolínea en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Esta ayuda fue aprobada junto con otros rescates empresariales, como los 120 millones a Duro Felguera y los 475 millones otorgados a Air Europa unos meses antes.
El Gobierno defendió el rescate afirmando que Plus Ultra era una “empresa estratégica” para la economía nacional, señalando el papel del sector aéreo en el turismo y la conectividad con Latinoamérica. Textualmente, el Ejecutivo justificó la medida argumentando: “el transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país. En este sentido, Plus Ultra es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica (especialmente, Ecuador, Perú y Venezuela)”.
Críticas y cuestionamientos al carácter estratégico
Desde el primer momento, distintos partidos políticos y organizaciones pusieron en duda que Plus Ultra reuniera los requisitos para ser considerada estratégica. Argumentaban que la aerolínea tenía una reducida presencia en el mercado —contando entonces con apenas un avión y representando solo el 0,03% de la movilidad aérea gestionada por AENA— y acumulaba pérdidas desde su fundación en 2011, superando los 10 millones de euros en números rojos.
- En 2019, Plus Ultra registró pérdidas de 2 millones de euros.
- La compañía nunca logró beneficios desde su creación.
Además, se señaló que la mayor parte de los vuelos que operaba Plus Ultra también eran cubiertos por otras aerolíneas como Air Europa e Iberia, desmintiendo que la compañía fuese imprescindible para la conectividad con destinos en Latinoamérica.
Declaraciones oficiales y argumentos del Gobierno
El presidente Pedro Sánchez defendió la transparencia del proceso, asegurando su “absoluta confianza en que el expediente no sólo es transparente, sino que se rige con todas las exigencias jurídicas de transparencia, de concurrencia, etc.”
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a calificar a Plus Ultra como una “empresa española, relevante y estratégica”, mientras que la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, subrayó el papel de la aerolínea como «empresa española que tiene un carácter estratégico para los vuelos con respecto a algunos países en Latinoamérica», insistiendo en que cumplía todos los requisitos exigidos por el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas.
- Calviño destacó que Plus Ultra era, en muchos casos, la única compañía que realizaba determinados trayectos.
- Se mencionó la generación de hasta 1.500 empleos indirectos.
No obstante, diversos análisis periodísticos pusieron en cuestión estos datos, subrayando que el 47% del accionariado estaba en manos de empresarios relacionados con el chavismo venezolano y que la compañía no era la única en operar vuelos a Caracas, Lima o Quito.
La evolución judicial y las nuevas investigaciones
La concesión de la ayuda fue objeto de una denuncia que llevó al inicio de diligencias por presunta malversación y prevaricación, con un proceso judicial que incluyó el bloqueo temporal del rescate y su posterior archivo y reapertura parcial. La causa original sobre la ayuda económica fue archivada en 2023 por motivos procesales.
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación sobre un posible desvío de los fondos recibidos por Plus Ultra, ante la sospecha de operaciones de blanqueo de capitales con ramificaciones en España, Francia y Suiza. La reciente actuación policial ha permitido incautar documentación fiscal, servidores y dispositivos para esclarecer los movimientos financieros y determinar si el dinero se utilizó para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo de capitales proveniente de Venezuela.
Implicaciones políticas y repercusiones
Este nuevo escándalo podría tener importantes repercusiones políticas, ya que el rescate de Plus Ultra fue aprobado directamente por el Consejo de Ministros encabezado por Pedro Sánchez. El caso se suma a otros asuntos judiciales recientes que afectan al entorno del Gobierno, aumentando la presión sobre el Ejecutivo en un contexto de creciente escrutinio público y mediático.
La investigación sigue en curso bajo secreto de sumario, y la cooperación internacional con fiscalías extranjeras será crucial para determinar el destino final de los fondos públicos y el alcance de las posibles responsabilidades penales y políticas.
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