Detenido el expresidente de la SEPI junto a Leire Díez por presuntos delitos de corrupción
El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, fue arrestado este miércoles en Madrid junto a la exmilitante socialista Leire Díez, en el marco de una operación que investiga supuestas irregularidades en contratos públicos. La investigación, que permanece bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y se centra en presuntos delitos de fraude, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
Pagos bajo sospecha tras su salida de la SEPI
Tras dejar la presidencia de la SEPI en 2019, Vicente Fernández trabajó como asesor para la empresa constructora Servinabar entre 2021 y 2023. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Servinabar tenía como accionista destacado a Santos Cerdán, quien poseía el 45% de la compañía. Durante este periodo, Fernández percibió un total de 219.000 euros brutos de la empresa, distribuidos en 68.632 euros en 2021, alrededor de 117.000 euros en 2022 y otros 33.251 euros en 2023, según registros de la Hacienda foral de Navarra.
La investigación sobre Fernández se enmarca dentro del conocido caso Koldo, relacionado con supuestas comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública. Además, su nombre ya había aparecido en informes previos de la Hacienda Foral de Navarra por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos.
Trayectoria profesional y judicial de Vicente Fernández
Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 1973) desarrolló gran parte de su carrera en la Junta de Andalucía, especialmente durante los gobiernos socialistas. Fue interventor general de la Junta y ocupó cargos relevantes en distintas empresas públicas autonómicas. En 2016, con María Jesús Montero como consejera de Hacienda, fue nombrado interventor general, cargo que ocupó hasta su designación como presidente de la SEPI en 2018.
En 2019, Fernández dimitió de la SEPI tras ser imputado en el proceso judicial sobre la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la empresa México-Minorbis. Sin embargo, el pasado 5 de diciembre fue absuelto junto a otros funcionarios, con la Audiencia criticando la “injusticia” de las acusaciones y condenando a los denunciantes al pago de las costas.
Posteriormente, además de sus funciones en Servinabar, también trabajó durante diez meses en el despacho Martínez Escribano Abogados y Economistas, conocido por haber representado al Partido Popular de Andalucía en el caso de los ERE.
Vínculos y actuaciones de Leire Díez
Durante el mandato de Fernández en la SEPI, Leire Díez ejercía como directora de Comunicación de Enusa, empresa participada por la propia SEPI y dedicada al sector nuclear. Fuentes próximas al PSOE reconocen que Díez acompañó en ocasiones a Fernández en reuniones de trabajo, aunque no formaba parte de su equipo directo.
Leire Díez está también imputada en otra causa que instruye el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Según la instrucción judicial, Díez habría liderado una “actuación delictiva, continuada y coordinada” que consistía en obtener información comprometedora de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, supuestamente a cambio de favores procesales o profesionales, con el objetivo de interferir en investigaciones de casos sensibles que afectan a políticos y empresarios.
Reacciones políticas y repercusiones
Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, ha expresado “respeto absoluto al trabajo de la Guardia Civil” y ha recalcado que Díez no es militante del partido. Asimismo, tanto en Moncloa como en la sede socialista de Ferraz aseguran no disponer de más información sobre la investigación y subrayan que los contactos de Díez con altos cargos del PSOE, como Santos Cerdán, Juanfran Serrano o Antonio Hernando, se limitaron a la recogida de información relevante, sin que existiese una relación laboral directa.
El caso se suma a otros frentes judiciales que afectan al entorno socialista, como los procedimientos contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Por su parte, los socios de coalición de Sumar han calificado este asunto como “particular”, mientras que desde el Partido Popular se ha criticado al Gobierno, señalando que “está en descomposición”.
Resumen de la investigación y próximos pasos
- Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, fue detenido por presuntas irregularidades en contratos públicos.
- Recibió cerca de 219.000 euros de Servinabar, empresa en la que Santos Cerdán poseía un 45%.
- Leire Díez, exmilitante socialista y exdirectora de Comunicación de Enusa, también fue arrestada e imputada en otra causa por obtención ilícita de información.
- El PSOE ha manifestado respeto por la labor judicial y se ha desvinculado de las actuaciones de Díez.
- La investigación judicial sigue abierta y se esperan nuevos avances en los próximos días.
El desarrollo de esta operación judicial podría tener importantes implicaciones en el panorama político nacional, a la espera de que se conozcan más detalles sobre las pesquisas y el alcance de las responsabilidades.
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