El Tribunal Supremo confirma el procesamiento de Ábalos por el ‘caso Koldo’
El Tribunal Supremo ha ratificado el procesamiento del exministro de Transportes y actual diputado José Luis Ábalos, de su exasesor Koldo García y del empresario Víctor de Aldama, en el marco del conocido como ‘caso Koldo’. Los tres serán juzgados por delitos de organización criminal, cohecho y malversación relacionados con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.
Un «robusto cuadro indiciario» avalado por la Sala
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha respaldado la propuesta del juez instructor Leopoldo Puente, quien consideró que existían indicios sólidos para sentar en el banquillo a los investigados. El auto recoge que la perpetración de los hechos atribuidos está “suficientemente justificada” y respalda la contundencia de las pruebas recopiladas hasta el momento.
Según los magistrados, ninguna de las diligencias solicitadas por las defensas logra desvirtuar las razones del procesamiento, ni siquiera en el escenario más favorable para los acusados. Tanto Ábalos como Koldo García permanecen en prisión preventiva desde el 27 de noviembre.
Próxima apertura de juicio oral y consecuencias políticas
Con la publicación de este auto, la instrucción de la causa entra en su fase final, quedando pendiente que el juez instructor ordene la apertura del juicio oral. Esta situación complica especialmente la continuidad de Ábalos como diputado, ya que el reglamento del Congreso establece la suspensión automática de parlamentarios en prisión preventiva tras la firmeza del auto de procesamiento. El Tribunal Supremo remitirá la resolución al Congreso de los Diputados para que se adopten las medidas correspondientes.
Solicitudes de pena de la Fiscalía
La Fiscalía ha solicitado una pena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama. El ministerio público sostiene que los tres urdieron un plan para obtener un “beneficio económico común” mediante la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a Aldama, aprovechando el cargo institucional de Ábalos tanto en el Gobierno como en el PSOE.
Rechazo de los argumentos de la defensa
El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por Ábalos y su exasesor, que solicitaban la realización de nuevas diligencias de investigación. Los magistrados consideran que es “imposible imaginar diligencias que desmonten la estructura indiciaria” ya configurada, aunque reconocen que algunas podrían resultar útiles en el futuro juicio para matizar o cuestionar pruebas concretas, pero sin justificar una prolongación de la instrucción.
La Sala también ha rechazado la alegación de Ábalos acerca de un supuesto exceso del juez instructor respecto a los hechos por los que el Congreso concedió el suplicatorio, calificando de “despropósito” la idea de que sería necesario solicitar un nuevo permiso parlamentario ante cualquier nueva imputación derivada de la investigación.
Jurisprudencia y garantías procesales
El fallo cita la jurisprudencia del caso Filesa para argumentar que el momento oportuno para solicitar el suplicatorio es cuando el juez aprecie indicios verosímiles de delito, y que es legítima una investigación previa antes de activar este mecanismo de defensa parlamentaria.
Por otra parte, la Sala ha desestimado el argumento de Koldo García respecto a una posible vulneración del principio non bis in idem, que impide ser juzgado dos veces por los mismos hechos. El tribunal sostiene que la causa está bien delimitada y, en caso de existir alguna duplicidad, se deberán realizar los ajustes necesarios en el procedimiento de la Audiencia Nacional, aún en fase menos avanzada.
Próximos pasos en el proceso
- El juez instructor debe ordenar la apertura del juicio oral.
- El Congreso de los Diputados recibirá la notificación y deberá decidir sobre la suspensión de Ábalos como parlamentario.
- Las partes podrán presentar sus escritos de acusación y defensa antes del inicio del juicio.
El caso Koldo se encamina así hacia su primer gran juicio, en el que se dilucidará la presunta responsabilidad penal de los imputados en uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con contratos públicos durante la emergencia sanitaria.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
