España advierte sobre posibles vulneraciones de derechos humanos en las propuestas europeas de retorno de migrantes
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó este lunes en Bruselas la firme oposición de España a las propuestas legislativas de la Unión Europea destinadas a regular el retorno de migrantes y la figura del «tercer país seguro». El Gobierno español sostiene que dichas iniciativas podrían contravenir el derecho internacional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos humanos.
- España advierte sobre posibles vulneraciones de derechos humanos en las propuestas europeas de retorno de migrantes
- Preocupaciones jurídicas y riesgos para los derechos fundamentales
- Impacto en relaciones bilaterales y eficacia operativa
- Dudas sobre el criterio de retorno y la sostenibilidad del sistema
- Rechazo a la voluntariedad en el reconocimiento de decisiones de retorno
- Posición de España sobre el «paquete de solidaridad»
- Contexto europeo y próximos pasos
Preocupaciones jurídicas y riesgos para los derechos fundamentales
Durante el Consejo de ministros europeos de Interior, Grande-Marlaska manifestó que España rechaza tanto el reglamento sobre Retorno como el relativo al Tercer País Seguro. Asimismo, comunicó que España se abstendría en la votación sobre el contingente de solidaridad, otra de las cuestiones clave en la agenda europea.
El titular de Interior explicó que el reglamento de «tercer país seguro» supone “romper con la integridad del pacto” migratorio europeo, al modificar un elemento esencial antes de su entrada en vigor. Según el ministro, la propuesta despierta “serias dudas jurídicas”, ya que contempla la posibilidad de establecer acuerdos jurídicos no vinculantes con terceros países. Esto genera incertidumbre sobre la garantía de una protección efectiva para los solicitantes de asilo, así como sobre los mecanismos para asegurar que las solicitudes se tramiten adecuadamente y se respeten los derechos y obligaciones de los migrantes.
Impacto en relaciones bilaterales y eficacia operativa
Grande-Marlaska advirtió que esta normativa podría afectar negativamente las relaciones bilaterales, ya que considera “esencial” que los Estados miembros vecinos de países terceros sean informados y consultados sobre estos acuerdos. De lo contrario, existe el riesgo de que se produzcan efectos no deseados tanto en los Estados miembros como en los flujos migratorios y las relaciones diplomáticas.
El ministro también señaló que la referencia actual a las fronteras comunes excluye a varios países vecinos de España en las rutas del Mediterráneo y el Atlántico, lo que, en términos operativos, pone en duda la eficacia de la normativa propuesta.
Dudas sobre el criterio de retorno y la sostenibilidad del sistema
Otra de las críticas de España se centra en el hecho de que el criterio de conexión con el país al que se retorna al migrante sea opcional. Para el Gobierno español, esto cuestiona la sostenibilidad y eficacia del mecanismo, ya que si no existe vínculo alguno, no hay incentivos para que el solicitante permanezca en el país de retorno cuando sus perspectivas sean escasas.
Además, el hecho de dejar en manos de los Estados miembros la decisión de aplicar o no este criterio puede, según Grande-Marlaska, generar un sistema desigual en vez de uno común, aumentando las diferencias entre países de la UE.
Rechazo a la voluntariedad en el reconocimiento de decisiones de retorno
En relación con el Reglamento de Retorno, el ministro reiteró la oposición de España a que el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno sea voluntario y no obligatorio. A su juicio, mantener el sistema vigente no supone ningún avance real en la gestión de la migración.
Posición de España sobre el «paquete de solidaridad»
Respecto al paquete de solidaridad para los países sometidos a mayor presión migratoria, Grande-Marlaska anunció la abstención de España en la votación. Recordó que la Comisión Europea había propuesto un mínimo de 30.000 reubicaciones anuales y una contribución de 600 millones de euros, cifras que contaban con el respaldo español. Sin embargo, lamentó que la propuesta final presentada al Consejo rebajara el compromiso a 21.000 reubicaciones.
“Si se toca la solidaridad, se debe tocar la responsabilidad”, recalcó el ministro, en referencia al equilibrio que debe existir en los mecanismos de ayuda y reparto de responsabilidades entre los Estados miembros.
Contexto europeo y próximos pasos
Las propuestas debatidas en Bruselas forman parte del pacto migratorio que la Unión Europea busca consensuar para afrontar los desafíos derivados de los flujos migratorios. España ha dejado patente que, aunque apoya la consolidación de un sistema común, prioriza la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad compartida en la gestión migratoria.
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