La Audiencia Nacional mantiene en prisión provisional al empresario acusado de financiar a Alvise Pérez
La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión provisional a Álvaro Romillo, conocido en el entorno de las criptomonedas como CryptoSpain, tras considerar que existe un elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas en el marco de la investigación por una presunta estafa piramidal relacionada con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
Argumentos del tribunal para mantener la prisión provisional
La Sala de lo Penal fundamenta su decisión en la significativa capacidad económica de Romillo en el extranjero, lo que le permitiría residir cómodamente fuera de España y eludir eventuales órdenes internacionales de detención. Según el auto, durante la investigación se han detectado importantes movimientos financieros:
- Transferencias por valor de 12,9 millones de euros en una cuenta de Singapur.
- Más de 29 millones de euros procedentes de una cuenta en un banco portugués, presuntamente usada para desviar fondos de inversores.
- Desvío de aproximadamente 18 millones de dólares a una cuenta en Tailandia.
Además, el tribunal ha constatado que el acusado posee bienes inmuebles, vehículos de alta gama y embarcaciones en varios países, así como una cuenta en criptomonedas a su nombre con más de 7 millones de euros.
Riesgo de fuga y de destrucción de pruebas
La resolución judicial subraya que estos indicios refuerzan tanto el riesgo de fuga como la posibilidad de destrucción u ocultación de pruebas por parte de Romillo. El entramado societario presuntamente creado para el desvío de fondos opera en múltiples países, lo que dificulta la labor de las autoridades para rastrear y bloquear los activos.
Asimismo, los magistrados advierten que la tecnología actual permitiría al acusado seguir operando con los fondos desde el extranjero y dificultar aún más el seguimiento de las transferencias a terceros países.
Posibles penas y número de afectados
El tribunal destaca que los delitos atribuidos a Romillo conllevan penas que podrían superar los 9 años de prisión y, en algunos casos, alcanzar hasta 16 años. Esta elevada expectativa de condena, combinada con los importantes recursos económicos en el extranjero, incrementa el riesgo de fuga.
En la investigación se ha determinado que al menos 3.062 inversores se han visto perjudicados por las actividades de MIC, de los cuales 2.976 habrían aportado un total de más de 185 millones de euros. Según el juez instructor, el dinero invertido no se destinaba a la compra real de criptomonedas, sino que se desviaba a otras cuentas vinculadas al entramado societario dirigido por Romillo.
Posturas de la Fiscalía y la acusación popular
Durante la última vista, la fiscal de Anticorrupción defendió la necesidad de mantener la prisión provisional, alegando que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. La acusación popular, representada por Zaballos Abogados, respaldó esta postura y subrayó que Romillo aún podría disponer de siete millones y medio de euros en criptomonedas no recuperados hasta la fecha.
Ambas partes insistieron en la dificultad de asegurar la trazabilidad de las grandes sumas de dinero todavía bajo control del acusado y la importancia de garantizar la reparación a las víctimas mediante la incautación de los bienes presuntamente obtenidos de forma fraudulenta.
Contexto del caso y decisión judicial
La vista judicial se celebró como respuesta al recurso presentado por la defensa de Romillo contra la medida de ingreso en prisión. El juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, había ordenado previamente su detención e ingreso en prisión sin fianza para evitar una posible evasión de la justicia.
El magistrado también señaló la existencia de una presunta «organización criminal creada y dirigida» por Romillo, con la finalidad de captar fondos de inversores mediante la plataforma MIC y desviarlos a cuentas en el extranjero, afectando a miles de personas y sumando cifras millonarias.
Conclusión
La Audiencia Nacional considera que, dadas las circunstancias del caso, la prisión provisional de Álvaro Romillo es la medida más adecuada para garantizar la presencia del investigado en el proceso judicial, evitar la destrucción de pruebas y facilitar la recuperación de los fondos presuntamente defraudados a los inversores.
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