Un juez archiva la denuncia de una médica al considerar improbable que sea víctima de violencia machista
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo ha archivado una denuncia interpuesta por una médica de familia contra su exmarido, alegando que su formación profesional y acceso a recursos sanitarios y canales de denuncia ponen en duda la veracidad de su relato de tres décadas de maltratos. La resolución judicial, que ya ha sido recurrida, ha generado controversia por los argumentos utilizados para desestimar la causa.
- Un juez archiva la denuncia de una médica al considerar improbable que sea víctima de violencia machista
- Argumentos del juez y perfil de la denunciante
- Críticas a la interpretación judicial
- Relato de la víctima y detalles de la denuncia
- Cuestionamientos sobre la instrucción judicial
- Relación entre la profesión y la condición de víctima
- Datos sobre la denuncia de violencia sexual
- Negativa a admitir pruebas y valoración del informe psicológico
- Conclusión
Argumentos del juez y perfil de la denunciante
La mujer denunció a su exmarido por agresión sexual, maltrato habitual, lesiones psicológicas agravadas y delitos contra la integridad moral, en un contexto de «terror doméstico y dominación machista» durante treinta años de convivencia. Sin embargo, el titular del juzgado, Pablo de San Mateo, sostiene en el auto de archivo que el hecho de que la denunciante sea médica de familia le otorga conocimientos y acceso a protocolos que, en su opinión, no son compatibles con el silencio que ella mantuvo durante años.
“El hecho de no haber relatado los hechos a familiares, amigos o compañeros de profesión durante el periodo denunciado genera una duda razonable sobre la persistencia y realidad de los hechos”, señala el juez. Además, argumenta la falta de informes médicos o partes de lesiones que acrediten las supuestas agresiones físicas, así como la tardanza en presentar la denuncia, como factores que restan credibilidad al testimonio de la mujer.
Críticas a la interpretación judicial
El abogado de la denunciante, Isaac Guijarro, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, subrayando que la violencia de género afecta a mujeres de cualquier nivel educativo, profesional o económico. “Todas las mujeres son igualmente vulnerables ante la violencia machista, independientemente de su cualificación profesional”, expone el recurso.
Según la defensa, el enfoque del magistrado desconoce la naturaleza estructural de la violencia de género y reproduce prejuicios que dificultan la protección efectiva de las víctimas.
Relato de la víctima y detalles de la denuncia
La denuncia recoge episodios concretos de sometimiento y control por parte del exmarido desde el inicio de la relación en 1990, incluyendo la prohibición de conducir, el aislamiento de familiares y amigos, y la supervisión constante en el entorno laboral. También se mencionan episodios de violencia económica, con restricciones al manejo de recursos propios y humillaciones relacionadas con la supuesta falta de habilidades tecnológicas de la víctima.
En cuanto a las agresiones sexuales, la querella describe cómo la mujer no podía negarse a mantener relaciones y era objeto de actos de violencia e intimidación cuando intentaba resistirse. Estos episodios se habrían prolongado hasta el cese de la convivencia en 2021. La víctima afirmó que el miedo, el aislamiento y las consecuencias psicológicas la impidieron denunciar antes, situación agravada tras conocer los abusos que su hijo también habría sufrido por parte del padre.
Cuestionamientos sobre la instrucción judicial
La defensa de la mujer denuncia la falta de una instrucción exhaustiva, ya que el juez únicamente tomó declaración a la víctima y no al hijo común, quien también habría sido testigo y víctima de los hechos. Tampoco fueron considerados otros testigos ni se solicitó el historial clínico de la mujer, pese a que la propia denunciante pidió que se incorporara como prueba.
El juez argumentó que solicitar el historial clínico supondría “una intromisión innecesaria en la privacidad sanitaria”, una justificación que la defensa ha calificado de absurda, dado que la paciente solicitaba expresamente esa prueba.
Relación entre la profesión y la condición de víctima
El auto judicial pone en duda que una mujer con una carrera profesional estable y éxito laboral pueda ser víctima de maltrato habitual, invocando también el hecho de que la denunciante realizó viajes profesionales y fundó un negocio propio. Asimismo, interpreta que el acuerdo de divorcio notarial y la falta de denuncia inmediata cuestionan la existencia de violencia.
Por otro lado, el magistrado sugiere que la denuncia podría estar motivada por el conflicto sobre la vivienda compartida, al coincidir en el tiempo con la revelación de los presuntos abusos sufridos por el hijo y la disputa patrimonial.
Datos sobre la denuncia de violencia sexual
El recurso de apelación incluye datos de una macroencuesta del Ministerio de Igualdad, que señala que el 92% de las mujeres que han sufrido violencia sexual no han denunciado en instancias policiales o judiciales, lo que desmonta el argumento de que el silencio es incompatible con la existencia de maltrato.
Negativa a admitir pruebas y valoración del informe psicológico
El juez rechazó tomar declaración a testigos clave y no consideró relevante el informe pericial psicológico que acredita un trastorno de estrés postraumático en la víctima, al considerar que no establece una relación causal exclusiva con los hechos denunciados. Para la defensa, esta desestimación contradice la exigencia de pruebas médicas que el propio auto reclama y supone una actuación arbitraria.
- El procedimiento ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
- La instrucción se limitó a la declaración de la víctima, sin tomar en cuenta otros testimonios ni pruebas médicas solicitadas.
- El caso pone en debate la influencia de estereotipos y prejuicios en la valoración judicial de las denuncias por violencia de género.
Conclusión
El archivo de la denuncia por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo ha generado un intenso debate sobre la percepción judicial de la violencia de género y el impacto de los sesgos profesionales y sociales en la protección de las víctimas. El recurso presentado por la denunciante busca que se reabra la instrucción y se valoren todas las pruebas, en un caso que pone de relieve la necesidad de formación y sensibilización continua en los órganos encargados de combatir la violencia machista.
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