La Asociación Libre de Abogadas y Abogados acusa al ICAM de «falta de neutralidad» en la causa contra el fiscal general
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha denunciado públicamente la “falta de neutralidad” que, a su juicio, ha mostrado el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) durante el proceso judicial abierto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El caso gira en torno a la presunta filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Críticas al papel del ICAM en el proceso
Según el comunicado difundido por ALA, la Junta del ICAM, presidida por Eugenio Ribón, ha actuado con un “desorbitado y sobreactuado protagonismo”, señalando un uso “torticero” y político de la institución colegial. La asociación sostiene que el colegio ha orientado su intervención hacia la defensa de los intereses de González Amador y de personas vinculadas a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
ALA subraya que, como acusación popular en este proceso, el ICAM ha adoptado posturas “jurídicamente innecesarias” y alineadas con la defensa, llegando a afirmar que González Amador habría sufrido “perjuicios reputacionales de índole social y económica”. Además, critican que el ICAM ha actuado “no solo en nombre de la abogacía madrileña, sino pretendiendo representar a la sociedad en su conjunto”, una postura que la asociación tilda de falaz.
Denuncia de doble rasero y celeridad selectiva
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados también reprocha al Colegio de Abogados de Madrid una actitud de “doble vara de medir” respecto a la confidencialidad de las comunicaciones entre Fiscalía y defensa. Según ALA, el ICAM ha denunciado con firmeza las vulneraciones cuando provenían del Ministerio Fiscal, pero ha guardado silencio ante filtraciones atribuidas a la defensa de González Amador.
Como ejemplo de la rápida reacción del ICAM, ALA menciona un comunicado emitido el 14 de marzo de 2024, coincidiendo con la publicación por parte de la Fiscalía de una nota de prensa sobre las negociaciones con González Amador. La asociación considera que este “despliegue sin precedentes de acciones legales y de respuesta” evidencia una parcialidad impropia de la institución.
Cuestionamientos sobre la imparcialidad y la estrategia procesal
ALA señala que el ICAM ha llegado a afirmar que existe una “contaminación indudable” del órgano judicial encargado del posterior enjuiciamiento de la pareja de Ayuso, alineándose así con la estrategia defensiva de solicitar la nulidad del proceso. Además, critican que el escrito de acusación del ICAM haga referencia a la denominada “conexión Moncloa”, mencionando incluso a la Presidencia del Gobierno, a pesar de que estos hechos fueron excluidos del caso desde la fase de instrucción.
Silencio ante filtraciones y falta de acciones internas
En contraste con sus actuaciones previas, ALA denuncia el “clamoroso silencio” del ICAM ante la difusión pública de un correo de la Fiscalía al abogado de González Amador, hecho revelado por el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña. Según la asociación, esta filtración fue utilizada para difundir la versión errónea de que la Fiscalía ofrecía un pacto, cuando en realidad habría sido la defensa quien tomó la iniciativa.
ALA critica que la Junta del ICAM no haya abierto siquiera un expediente informativo ni iniciado ninguna acción de denuncia contra el letrado de González Amador, recordando que el deber de secreto profesional abarca todas las comunicaciones recibidas en el ejercicio de la abogacía. “No ha hecho absolutamente nada”, concluye la asociación en su comunicado.
Conclusión
Las acusaciones de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados ponen en entredicho la imparcialidad del Colegio de Abogados de Madrid en uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos meses. Estas críticas subrayan la importancia de la neutralidad de las instituciones en la administración de justicia, especialmente cuando ejercen como acusación popular en casos de alto interés público.
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