Los Comuns presentan querella por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general
El abogado y eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha interpuesto este jueves una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Penal, por un presunto delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417 del Código Penal.
Acusación por revelación de información reservada
Según argumenta la formación política, la querella se fundamenta en los hechos acontecidos el pasado 18 de noviembre, cuando el magistrado Martínez Arrieta, durante el periodo de deliberaciones sobre la sentencia al fiscal general del Estado, participó como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Durante su intervención, el magistrado manifestó: “Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”, un comentario realizado en tono jocoso que provocó risas entre los asistentes. Los Comuns sostienen que esta frase constituye una revelación explícita de información reservada relativa a:
- El estado interno de las deliberaciones
- El cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada
- La existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo
La querella subraya que estos datos están protegidos por el secreto de las deliberaciones, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que su divulgación compromete el derecho fundamental a un juicio imparcial.
Imparcialidad judicial en entredicho
Para los Comuns, la coincidencia de tres magistrados del tribunal en un acto organizado por una de las partes acusadoras pone en duda la apariencia de imparcialidad del órgano judicial. Esta situación, advierten, contradice la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige tanto imparcialidad real como percepción de imparcialidad.
Será la Sala del 61 del Tribunal Supremo la encargada de decidir sobre la admisión a trámite de la querella, conforme a la competencia sobre procesos contra magistrados.
Detalles adicionales de la querella
El escrito, presentado por Jaume Asens en colaboración con la abogada Alejandra Jacinto, recalca que la audiencia del evento interpretó claramente que el magistrado estaba divulgando información interna sobre las deliberaciones y la elaboración de la sentencia. Además, según la querella, Martínez Arrieta era consciente del carácter impropio de su comentario, al enmarcarlo en un tono humorístico.
La querella apunta que el comentario del magistrado revela que las deliberaciones internas ya habían alcanzado una estructura decisoria suficiente para que él asumiera la redacción de la sentencia; que se produjo un cambio de ponencia desplazando a la magistrada inicialmente designada, como consecuencia de una mayoría ya conformada en el tribunal; y que esta mayoría apuntaría a un fallo condenatorio en la causa contra García Ortiz, fiscal general del Estado.
Participación de otros magistrados y vínculos académicos
Llama la atención que, en el mismo curso del ICAM, participaron también los magistrados Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, ambos integrantes del tribunal y partícipes en las deliberaciones del caso. La querella advierte que la participación retribuida de magistrados en actividades organizadas por la acusación particular compromete la imparcialidad judicial y agrava la significación delictiva de la revelación.
Asimismo, se destaca que Antonio del Moral mantiene una relación académica estrecha con al menos uno de los abogados de la parte interesada, al haber sido director de su tesis doctoral, lo que según la acusación representa un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal.
Defensa de la imparcialidad y salud democrática
Jaume Asens ha recalcado que en un Estado democrático ningún juez debe anticipar sentencias en público, y menos aún hacerlo desde la sede de una de las partes acusadoras. Ha insistido en que no se trata únicamente de una cuestión legal, sino de la propia salud democrática, pues la ciudadanía tiene derecho a tribunales imparciales y a que las deliberaciones internas no sean objeto de comentarios públicos ni de frivolidades sobre procesos en curso.
En palabras de Asens, “Si no defendemos la imparcialidad judicial, la democracia pierde su última línea de defensa”.
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