El Gobierno acuerda una subida salarial del 11% para empleados públicos hasta 2028 con UGT y CSIF, sin la firma de CCOO
El Gobierno español ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF para aplicar una subida salarial acumulada del 11% a los empleados públicos durante el periodo 2025-2028. Este pacto, firmado este jueves, deja fuera temporalmente a CCOO, que ha decidido no suscribirlo por el momento, aunque podría adherirse más adelante, según ha informado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
Detalles del acuerdo salarial
La revisión salarial beneficiará a unos 3,5 millones de empleados públicos y se aplicará de manera progresiva en los próximos cuatro años. Para 2025, se prevé un incremento del 2,5%, que será abonado con carácter retroactivo desde enero y reflejado en la nómina del mes de diciembre.
En 2026, el aumento será del 1,5%, con la posibilidad de añadir un 0,5% más de manera variable, siempre y cuando el índice de precios de consumo (IPC) cierre el año en una subida igual o superior al 1,5%. Este porcentaje extra se abonaría en el primer trimestre de 2027, también con efectos retroactivos desde enero de 2026.
Para 2027, la subida salarial alcanzará el 4,5%, mientras que en 2028 el incremento será del 2%. Además, el acuerdo contempla la eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la sustitución de personal en la Administración Pública, entre otras medidas de carácter extrasalarial.
Impacto económico por grupos profesionales
Los datos facilitados por UGT muestran que para el grupo A1, el de salarios más altos, la subida retroactiva de 2025 supondrá 767,64 euros. Para el grupo E, el segmento con salarios más bajos, el incremento será de 333,18 euros. En el grupo C1, el más numeroso, la subida será de 478 euros.
Considerando todo el periodo hasta 2028, los incrementos acumulados oscilarán entre los 3.512,6 euros para el grupo A1 y los 1.524 euros para el grupo E, pasando por los 2.187,4 euros para el grupo C1.
Un proceso de negociación marcado por las diferencias sindicales
Las negociaciones, que se intensificaron durante noviembre, estuvieron marcadas por la exigencia del Gobierno de limitar la subida máxima al 4% entre 2025 y 2026, reservando el 7% restante para los dos años siguientes. Esta condición fue el principal escollo y la razón por la que CCOO ha decidido no firmar el acuerdo en este momento, a pesar de la inclusión del 0,5% variable condicionado a la inflación.
Reacciones de los protagonistas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que este pacto es resultado “de la voluntad de consenso y el diálogo social, la mejor herramienta para avanzar”. Sánchez ha puesto en valor el trabajo de los empleados públicos, subrayando su papel esencial para la cohesión social en ámbitos como la sanidad, la educación, la protección social y la respuesta a emergencias.
Desde UGT, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha resaltado que el acuerdo permitirá afrontar los retos de la Administración y refuerza el valor de los servicios públicos, mejorando las condiciones laborales de los empleados.
Miguel Borra, presidente de CSIF, ha justificado la firma del acuerdo por “responsabilidad y compromiso”, aunque ha lamentado que el Gobierno no iniciara antes las negociaciones. Borra ha remarcado que el pacto evita la congelación salarial, recupera parte del poder adquisitivo perdido —estimado en 2,9 puntos— y ha advertido que los sindicatos mantendrán la vigilancia sobre su cumplimiento, independientemente del Gobierno de turno.
Acumulación y consolidación salarial
Según las estimaciones de la mesa negociadora, la subida acumulada podría alcanzar el 11,4% al consolidarse anualmente los incrementos en las tablas salariales, superando ligeramente el porcentaje inicialmente pactado.
- Subida salarial del 2,5% en 2025, con efecto retroactivo desde enero.
- Aumento del 1,5% en 2026, más un 0,5% variable según la inflación.
- Incremento del 4,5% en 2027.
- Subida del 2% en 2028.
- Eliminación de la tasa de reposición en la Administración Pública.
La firma de este acuerdo salarial supone un avance significativo para el sector público, aunque queda pendiente la incorporación de CCOO al pacto, lo que podría modificar el equilibrio sindical en futuras negociaciones.
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