El Tribunal Supremo ordena prisión provisional para José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo de fuga
El Tribunal Supremo ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo García, en el marco del denominado ‘caso Koldo’. La decisión, tomada por el magistrado Leopoldo Puente, responde al alto riesgo de fuga percibido tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la medida cautelar más severa para ambos implicados.
- El Tribunal Supremo ordena prisión provisional para José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo de fuga
- Primera vez que un diputado en activo ingresa en prisión provisional
- Motivos y fundamentos de la decisión judicial
- El avance del caso y los delitos imputados
- Tres hitos clave en la decisión de prisión provisional
- Implicación de otros investigados y desarrollo del caso
- Implicaciones políticas y judiciales
Primera vez que un diputado en activo ingresa en prisión provisional
Con esta resolución, es la primera vez que un diputado en activo entra en prisión preventiva en España. Hasta la fecha, tanto Ábalos como Koldo García estaban sujetos a medidas cautelares como la prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales ante la justicia.
Motivos y fundamentos de la decisión judicial
El magistrado Puente argumenta que los indicios de la presunta comisión de delitos graves son sólidos y que el riesgo de fuga de ambos acusados es «extremo». En el caso de Ábalos, el juez destaca la existencia de posibles contactos internacionales en países latinoamericanos a través de la fundación Fiadelso, así como la presunta posesión y manejo de importantes sumas de dinero en efectivo. Según la instrucción, durante años no realizó movimientos bancarios significativos, lo que podría indicar la existencia de recursos económicos suficientes para sostener una posible huida.
Además, la investigación apunta a la existencia de vínculos internacionales «más que evidentes», reforzando la preocupación por una posible evasión de la acción de la justicia.
El avance del caso y los delitos imputados
El juez Puente lidera la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos durante la gestión de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, particularmente en la adquisición de mascarillas durante la pandemia de la covid-19. Inicialmente, Puente se había opuesto a las peticiones de prisión preventiva promovidas por la acusación popular, pero el creciente riesgo de fuga conforme se acerca la fecha del juicio ha resultado determinante en la decisión.
La instrucción califica los hechos como presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Tres hitos clave en la decisión de prisión provisional
El juez señala tres acontecimientos fundamentales que han motivado la revisión de las medidas cautelares:
- Propuesta de apertura de juicio oral: El 3 de noviembre, el juez propuso enviar a juicio a Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la adjudicación de contratos de mascarillas, detallando los indicios sólidos que sustentan la acusación.
- Presentación de escritos de acusación: Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular han solicitado la apertura de juicio oral y han formulado peticiones de penas de prisión elevadas: 24 años para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y hasta 30 años según la acusación popular. Además, se solicita el pago de multas millonarias y la indemnización a empresas públicas afectadas.
- Proximidad del juicio: El juez recuerda que, dada la condición de aforado de Ábalos, el juicio se celebrará en un plazo breve y que la prisión preventiva no se prolongará más allá de ese periodo. Además, advierte que una eventual condena implicaría la ejecución inmediata de la sentencia sin posibilidad de recurso ante la jurisdicción ordinaria.
Implicación de otros investigados y desarrollo del caso
La situación de Víctor de Aldama, empresario y supuesto comisionista en la trama, es diferente. Aldama se encuentra en libertad tras colaborar con la justicia y autoinculparse, lo que ha permitido que la Fiscalía le solicite una pena inferior, aplicando la atenuante de confesión. Según la investigación, Ábalos y Koldo facilitaron a Aldama información privilegiada sobre la adquisición de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Aldama, a través de la empresa Soluciones de Gestión, logró contratos con organismos públicos como Puertos del Estado y Adif, vinculados al Ministerio de Transportes, por un total de más de 36 millones de euros.
Por estas adjudicaciones, Aldama habría obtenido un beneficio de 3,7 millones de euros, según el escrito de la Fiscalía.
Implicaciones políticas y judiciales
El caso supone un hito en la historia política y judicial española, no solo por la gravedad de los delitos investigados, sino también por la entrada en prisión de un diputado en activo. Además, Ábalos está implicado en otra investigación relacionada con presuntas irregularidades en contratos públicos, junto a otros cargos.
La instrucción continúa y se prevé que el juicio se celebre en los próximos meses, en un proceso que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción en la gestión pública.
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