Sánchez defiende a García Ortiz, arremete contra Ayuso y anticipa recurso ante el Constitucional
La reciente condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha protagonizado el debate político durante la última sesión de control al Gobierno en el Congreso. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió a Pedro Sánchez que pidiera disculpas a la ciudadanía por la actuación de García Ortiz, una demanda que el jefe del Ejecutivo rechazó tajantemente. Lejos de ceder, Sánchez defendió la independencia del sistema judicial y lanzó una advertencia: “Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio”.
Los hechos detrás de la condena
El caso se remonta a la filtración de un correo confidencial enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía de Madrid. En el mensaje, fechado el 2 de febrero de 2024, se proponía un acuerdo penal relacionado con dos delitos fiscales. Este intercambio estaba protegido por el derecho a la defensa y, en teoría, debía permanecer en el ámbito privado.
Sin embargo, el 13 de marzo, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, recibió dicho correo en su cuenta personal tras ordenar al fiscal responsable del caso, Julián Salto, que se lo enviara de manera urgente. Apenas minutos después, la Cadena SER publicó una noticia que incluía fragmentos literales del correo, lo que levantó sospechas sobre una posible revelación de secretos.
Borrado de pruebas y defensa de García Ortiz
El caso se agravó cuando, el 16 de octubre de 2024, día en que el Tribunal Supremo imputó a García Ortiz por revelación de secretos, se detectó que el fiscal general había eliminado mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, archivos PDF y Word, así como el historial de navegación de su teléfono móvil. Una semana después, cambió de dispositivo. García Ortiz justificó estas acciones como parte de un protocolo interno de la Fiscalía.
A pesar de que algunos periodistas aseguraron haber tenido acceso a la información antes de la filtración, únicamente uno afirmó haber recibido una captura de pantalla del mensaje el 6 de marzo, aunque no presentó pruebas. Las investigaciones del juez instructor y de la Unidad Central Operativa (UCO) no hallaron ningún rastro digital que confirmara la circulación previa del correo antes de que llegara al fiscal general.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
El presidente del Gobierno dejó entrever que el caso podría acabar en el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, y sugirió que este órgano podría revertir la condena del Supremo, en una maniobra similar a la que ya se produjo con los ERE de Andalucía. Estas declaraciones han sido interpretadas como una muestra de la intención del Ejecutivo de intervenir en los órganos judiciales para favorecer sus intereses, lo que ha generado preocupación sobre la independencia del sistema judicial español.
Ataque a Ayuso y defensa de la gestión gubernamental
Pedro Sánchez aprovechó la ocasión para cargar contra Isabel Díaz Ayuso, afirmando que el Gobierno “siempre va a estar con la verdad”, en contraste con las declaraciones del jefe de gabinete de Ayuso, quien admitió haber mentido para proteger a la presidenta madrileña. El presidente subrayó que su Ejecutivo respeta las decisiones judiciales, aunque criticó que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena antes de detallar la sentencia completa.
“El Gobierno acata el fallo del Tribunal Supremo, y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia del Tribunal Supremo”, puntualizó Sánchez, dejando entrever su malestar por la gestión comunicativa del Alto Tribunal.
Conclusión
El caso García Ortiz sigue generando una profunda controversia política y judicial en España, con el Gobierno defendiendo la actuación de su fiscal general y la oposición exigiendo responsabilidades y transparencia. El futuro del caso dependerá ahora de la posible intervención del Tribunal Constitucional, mientras el debate sobre la independencia judicial y la transparencia institucional continúa en el centro de la agenda política.
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