Controversia política tras el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
El reciente nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado ha provocado una ola de críticas por parte de los principales partidos de la derecha española, Partido Popular (PP) y Vox. La decisión llega después de la inhabilitación de Álvaro García Ortiz y ha generado un debate marcado por el escepticismo y la desconfianza en los sectores conservadores, especialmente debido al papel de Peramato en la defensa de la conocida ley del ‘solo sí es sí’.
Rechazo inmediato de Vox y el PP
Vox ha sido el primer partido en manifestar su rechazo frontal al nombramiento. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha cuestionado públicamente a la nueva fiscal general por sus declaraciones favorables a la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad durante la legislatura de Irene Montero. Millán ha afirmado que Peramato «ha dicho que la ley del solo sí es sí ha sido muy buena», lo que considera motivo suficiente para oponerse a su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado.
El líder de Vox, en una entrevista televisiva, ha reforzado esta postura de desconfianza al asegurar que su formación no tiene intención de dar un voto de confianza a ningún nombramiento proveniente del actual Gobierno y ha criticado el proceso de designación como parte de una estrategia política.
El Partido Popular ha seguido una línea similar. Ester Muñoz, portavoz popular en el Congreso, ha expresado su sorpresa y escepticismo ante el perfil de Peramato. Durante una rueda de prensa, Muñoz ha cuestionado que la nueva fiscal general haya defendido la ley del ‘solo sí es sí’, mostrando su inquietud «como mujer» por el respaldo a una normativa que ha sido ampliamente debatida y criticada desde la oposición.
Acusaciones de continuidad y politización
Entre los argumentos esgrimidos por el PP destaca la sospecha de que el relevo en la Fiscalía General responde a una continuidad de las políticas del anterior fiscal, a quien vinculan estrechamente con el Gobierno. Muñoz ha calificado a Peramato como «mano derecha de Dolores Delgado» y parte del «círculo de confianza» de García Ortiz, remarcando así la falta de independencia que, a su juicio, caracteriza este tipo de nombramientos.
En la misma línea, Miguel Tellado, secretario general del PP, ha reclamado cautela y ha subrayado la importancia de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avale la designación de Peramato de forma unánime antes de obtener el respaldo de su formación. Tellado ha insistido en que la Fiscalía no debe ser utilizada políticamente, una acusación que ha reiterado en relación a la gestión de García Ortiz.
Experiencia de Teresa Peramato en la lucha contra la violencia de género
Teresa Peramato, reconocida jurista con una dilatada experiencia en la lucha contra la violencia de género, ha desempeñado diversos cargos en el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres. Su trayectoria ha sido destacada especialmente en la implementación de políticas para combatir la violencia machista y la defensa de la ley del ‘solo sí es sí’, una normativa que ha sido objeto de profundas controversias políticas y sociales desde su entrada en vigor.
Condiciones para el apoyo del PP
- El Partido Popular solo considerará válido el nombramiento si cuenta con la aprobación unánime del Consejo General del Poder Judicial.
- Desde la formación insisten en la necesidad de garantizar la independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno.
- Se exige transparencia en el proceso de designación y en la futura gestión de la nueva fiscal general.
Contexto y repercusiones
El debate en torno al nombramiento de Teresa Peramato refleja la polarización política existente en España, especialmente en temas relacionados con la igualdad de género y la independencia judicial. La ley del ‘solo sí es sí’, defendida por Peramato, continúa siendo un eje de confrontación entre el Gobierno y la oposición, y su designación como fiscal general del Estado se perfila como un nuevo capítulo en esta disputa.
A la espera de la decisión definitiva del CGPJ, la polémica por el relevo en la Fiscalía General del Estado evidencia la dificultad de alcanzar consensos en cuestiones clave para el funcionamiento de las instituciones democráticas.
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