La investigación judicial sobre los contratos sanitarios de emergencia en Andalucía entra en una fase clave
El proceso judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre los contratos de emergencia sanitaria adjudicados por la Junta de Andalucía durante la gestión del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha alcanzado un momento decisivo. Este martes, la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, junto a sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, comparecen ante el juez como investigados por un presunto delito de prevaricación en relación a la gestión de estos contratos.
Contexto y alcance de la investigación
La causa judicial parte de la sospecha de que se pudo haber incurrido en prevaricación, es decir, dictar resoluciones injustas de manera consciente. La principal cuestión bajo análisis es si el uso de la contratación de emergencia —un mecanismo que permite adjudicaciones directas y sin apenas controles— fue adecuado durante la pandemia y en el periodo posterior, hasta 2023.
Según los datos recabados, durante este tiempo se destinaron 242 millones de euros en contratos de emergencia, aunque la Junta de Andalucía sostiene que finalmente se ejecutaron 189 millones, quedando 53 millones sin gastar.
El marco legal de la contratación de emergencia
La Ley de Contratos del Sector Público habilita la utilización del procedimiento de emergencia en circunstancias excepcionales, como catástrofes o riesgos graves, permitiendo a las administraciones públicas prescindir de los controles habituales y adjudicar directamente los contratos necesarios para hacer frente a la situación.
Durante la pandemia de COVID-19, esta modalidad fue empleada por gobiernos de toda España, incluida la Junta de Andalucía, amparándose en los decretos de estado de alarma. Sin embargo, la controversia surge a raíz de la prórroga de estos contratos después de que la situación de emergencia remitiera. A pesar de una instrucción emitida por la Dirección General de Contratación de la Junta en junio de 2021, que advertía sobre la reducción de la excepcionalidad una vez finalizado el estado de alarma, el SAS mantuvo el procedimiento de emergencia con el aval jurídico de la Consejería de Salud.
Acusaciones y defensa
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que presentó la denuncia que originó la investigación, sostiene que el uso extendido del procedimiento de emergencia no solo fue inadecuado, sino que supuso un perjuicio económico para las arcas públicas. Según sus estimaciones, el sobrecoste habría alcanzado los 24 millones de euros, al incrementar el precio de los contratos en torno a un 10% por la falta de concurrencia y competencia entre empresas.
Por el contrario, el Gobierno andaluz defiende la legalidad de todas las adjudicaciones y argumenta que los servicios jurídicos avalaron las prórrogas mediante informes formales. Además, niegan cualquier uso irregular de los fondos y acusan a la oposición de intentar dilatar el proceso judicial con maniobras políticas.
Las declaraciones clave y los próximos pasos
La investigación ha estado marcada hasta ahora por la recopilación de información y la toma de declaraciones a testigos, entre ellos tres interventores y dos altos cargos la semana pasada. La comparecencia de los tres gerentes del SAS este martes se considera un punto de inflexión, ya que el magistrado, José Antonio Gómez, deberá decidir si archiva la causa o si existen motivos suficientes para avanzar en la instrucción.
La Fiscalía Anticorrupción, presente en el caso, ha señalado que, tras estas declaraciones, podrá valorarse la pertinencia de nuevas diligencias, como la realización de peritajes sobre la documentación presentada.
Modificaciones en el control del gasto
Un aspecto relevante que también examina el juzgado es el cambio introducido en el sistema de fiscalización del gasto tramitado por el SAS. En octubre de 2020, en plena pandemia, el Consejo de Gobierno modificó el control previo por un control financiero permanente, que se realiza a posteriori y generalmente mediante muestreo. Según fuentes del caso, esta modificación se adoptó sin un informe previo que la justificara, basándose en indicaciones verbales entre altos cargos.
El juez ha requerido a la Junta la entrega de toda la documentación relativa a este cambio, con el objetivo de determinar si la fiscalización previa había generado objeciones que motivaran la alteración del sistema de control.
El hospital militar de Sevilla bajo la lupa
Otra línea de investigación se centra en las obras de reforma del hospital militar de Sevilla, actualmente gestionado por el Hospital Virgen del Rocío y puesto en marcha durante la pandemia. La segunda fase de reforma supuso un desembolso de 47,5 millones de euros, también a través del procedimiento de emergencia. El juzgado ha solicitado los contratos y expedientes vinculados a estas obras, después de que el PSOE alegara que se recurrió a un procedimiento de adjudicación supuestamente ilegal.
Situación actual y perspectivas
Por el momento, la instrucción sigue centrada en esclarecer si hubo prevaricación en la gestión de los contratos de emergencia, sin que existan indicios sólidos de malversación de fondos públicos. La decisión que adopte el magistrado tras la comparecencia de los investigados orientará el futuro del caso y determinará si la causa se archiva o continúa avanzando en los tribunales.
- La investigación se centra en el uso del procedimiento de emergencia más allá de la pandemia.
- El PSOE denuncia sobrecostes y falta de control, mientras que la Junta defiende la legalidad de las adjudicaciones.
- El juez debe decidir si existen indicios suficientes para continuar con la causa.
La evolución de esta investigación será determinante para esclarecer la responsabilidad de los gestores públicos durante la crisis sanitaria y el uso de fondos públicos en momentos excepcionales.
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