Yolanda Díaz llama a la movilización en defensa de la democracia tras la condena al fiscal general
La reciente condena del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado una intensa reacción política y social en España. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha realizado este lunes un llamamiento público para que la ciudadanía «salga a defender la democracia», intensificando así el debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes en el país.
Acusaciones de politización de la Justicia
Díaz, junto a otros miembros del Ejecutivo, ha criticado abiertamente la sentencia del Supremo, calificando la actuación de algunos sectores judiciales como una «maniobra política». Según la vicepresidenta, existe un sector dentro de la judicatura que se considera «impune» y que habría decidido intervenir activamente en la vida política española.
En una entrevista concedida a TVE, Díaz fue categórica: «Hago un llamamiento sincero a las gentes demócratas de nuestro país para que salgan a defender la democracia. No al Gobierno de España, sino nuestros derechos. Porque van muy en serio». Además, cuestionó la motivación jurídica del fallo y la transparencia en la imputación de los hechos al fiscal general.
Apoyo cerrado al ex fiscal general
Lejos de asumir el fallo del Tribunal Supremo, Yolanda Díaz defendió la inocencia de García Ortiz, calificándolo como «un hombre bueno». A pesar de la condena por un delito de revelación de secretos, la vicepresidenta insistió en el carácter íntegro del ex fiscal general, subrayando que su dimisión respondía a una «injusticia».
En la misma línea, otros integrantes del Gobierno expresaron su rechazo a la sentencia. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, consideró el fallo como una «maniobra» y denunció la supuesta politización de determinados «estamentos judiciales». Por su parte, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, defendió la «integridad» de García Ortiz y advirtió que «el tiempo pondrá a cada uno en su lugar».
Reacciones y protestas ciudadanas
Desde que se hizo pública la condena, varias voces de la izquierda han arremetido contra la Justicia, llegando a calificar la sentencia de «golpe judicial» y «asesinato civil». Estas declaraciones han tenido un efecto inmediato: este domingo, cientos de personas se manifestaron ante la sede del Tribunal Supremo, en una protesta convocada a través de redes sociales y respaldada por diversos sectores progresistas.
Escalada de tensión entre el Gobierno y la Judicatura
El llamamiento a la movilización realizado por la propia vicepresidenta del Gobierno representa un nuevo paso en la escalada de tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. Este episodio se enmarca en un contexto de creciente polarización, donde la coalición gubernamental ha optado por posicionarse abiertamente del lado del ex fiscal general condenado, en un intento de capitalizar políticamente el conflicto.
- La condena contra García Ortiz ha sido interpretada por sectores del Gobierno como un ataque a la democracia.
- Las críticas a la independencia judicial se han intensificado desde la izquierda, con llamamientos a la movilización ciudadana.
- La protesta social ante el Supremo evidencia la gravedad del debate sobre la separación de poderes en España.
La situación actual plantea importantes interrogantes sobre la relación entre los poderes del Estado y el impacto de estas disputas en la confianza pública en las instituciones democráticas.
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