El fiscal general del Estado dimite tras ser condenado por el Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno este lunes, apenas unos días después de que el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
La dimisión se ha formalizado mediante una carta enviada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que García Ortiz manifiesta su “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y reconoce que, tras la sentencia, “ha llegado el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.
Condena del Tribunal Supremo
El pasado jueves, el Tribunal Supremo emitió una sentencia que inhabilita a García Ortiz para ejercer el cargo de fiscal general durante dos años, al considerarlo responsable de la difusión de información confidencial. Esta resolución judicial ha desencadenado una rápida reacción institucional, culminando en la renuncia presentada este lunes.
Declaraciones tras la renuncia
En su comunicado de despedida, García Ortiz ha querido subrayar su compromiso con la institución que ha presidido, afirmando: “He servido fielmente a la institución”. Con estas palabras, el ya ex fiscal general pone en valor su labor al frente del Ministerio Fiscal durante su mandato.
Próximos pasos
- La dimisión de García Ortiz abre el proceso para la designación de un nuevo fiscal general del Estado.
- El Gobierno deberá proponer un candidato, que será evaluado por el Consejo General del Poder Judicial.
- Se espera que en los próximos días se anuncien posibles nombres para asumir el cargo.
La renuncia de Álvaro García Ortiz marca un nuevo capítulo en la Fiscalía General del Estado, en un contexto de especial sensibilidad institucional tras la sentencia del Supremo.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
