El Gobierno elude informar sobre el gasto en seguridad de Juan Carlos I en Sanxenxo pese a requerimientos de Transparencia
El Gobierno español continúa sin ofrecer detalles sobre los gastos relacionados con la seguridad del rey emérito Juan Carlos I durante sus estancias en Sanxenxo, a pesar de las reiteradas solicitudes de información por parte de varios grupos parlamentarios y de los pronunciamientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La opacidad se mantiene incluso tras resoluciones oficiales que instan al Ejecutivo a responder sobre el uso de fondos públicos para la protección de miembros de la Casa Real y los costes asociados a los desplazamientos de la familia real.
Solicitudes parlamentarias sin respuesta
Durante la actual legislatura, diputados como Gabriel Rufián (ERC), Alberto Ibáñez (Compromís) y Néstor Rego (BNG) han presentado preguntas formales en el Congreso para esclarecer el coste que supone para el erario público la protección y los viajes del rey emérito, especialmente en sus visitas recurrentes a la localidad gallega de Sanxenxo. Sin embargo, las respuestas del Ejecutivo han sido evasivas, escudándose en la Ley de Secretos Oficiales o, directamente, optando por el silencio administrativo.
El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido resoluciones en 2020 y 2022 en las que solicitaba al Gobierno informar sobre el presupuesto anual destinado a la protección de los miembros de la Casa Real y el coste de los dispositivos de seguridad desplegados en eventos concretos, como la visita de Juan Carlos I a Sanxenxo en mayo de 2022. No obstante, el Gobierno ha mantenido una postura restrictiva, evitando proporcionar datos específicos.
La Ley de Secretos Oficiales, principal argumento del Gobierno
Frente a las preguntas de Néstor Rego y Alberto Ibáñez sobre los costes de seguridad en distintas visitas de Juan Carlos I a Galicia, la respuesta oficial ha sido la misma: la información solicitada está clasificada como reservada bajo la Ley de Secretos Oficiales, una normativa vigente desde 1968, durante el franquismo, cuya reforma sigue pendiente. Pese a planes gubernamentales para sustituirla por la futura Ley de Información Clasificada, la transparencia en estos asuntos sigue siendo limitada.
El Reglamento del Congreso obliga al Gobierno a responder a las preguntas escritas de los diputados, salvo que sean inadmitidas a trámite. Sin embargo, los parlamentarios denuncian que la utilización de la Ley de Secretos Oficiales bloquea el acceso a información sobre el uso de fondos públicos en materia de seguridad y desplazamientos de la familia real.
Opacidad también en los gastos de los viajes de Felipe VI
El coste de los viajes oficiales del actual monarca, Felipe VI, también ha sido objeto de solicitud parlamentaria, sin obtener respuesta concreta. Gabriel Rufián, por ejemplo, preguntó por el desglose anual del coste de los 192 desplazamientos oficiales realizados por el rey entre 2014 y 2023, así como por los criterios que justifican dichos viajes. El Gobierno se limitó a indicar que la Casa Real rinde cuentas sobre el desarrollo de los viajes y que el Ministerio de Exteriores es responsable de su organización, en colaboración con otras instituciones.
Según la información oficial, existe un programa denominado «Acción del Estado en el exterior» que cubre financieramente los recursos necesarios para estos viajes, y las cuentas justificativas son objeto de control interno en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no se facilita un desglose público que permita conocer el coste real de cada desplazamiento.
El debate sobre la transparencia de la Casa Real
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha defendido en resoluciones previas que la publicación de los costes de los viajes de la Casa Real no supone un riesgo para la seguridad nacional ni para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, la resistencia del Gobierno a responder a estas cuestiones en el Congreso persiste, lo que genera críticas entre los grupos parlamentarios.
- Desde el BNG se acusa al Gobierno de ser «cómplice de una ocultación injustificable» y de actuar en contra del criterio del propio Consejo de Transparencia, dificultando el control parlamentario sobre el uso de fondos públicos.
- Los nacionalistas gallegos subrayan que se trata de dinero público destinado a la protección de una persona investigada por presuntas irregularidades fiscales y que ya no ostenta la jefatura del Estado.
- Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, admite que la seguridad nacional puede justificar ciertas reservas, pero no la ocultación del coste de los viajes y dispositivos de protección.
- Fuentes de ERC recuerdan que la Ley de Transparencia no considera a los miembros de la Casa Real como altos cargos, lo que les exime de la obligación de declarar bienes y enriquecimiento, impidiendo una fiscalización efectiva de la Monarquía.
Una reforma pendiente para mayor transparencia
La opacidad en torno a los gastos de la Casa Real, especialmente en materia de seguridad y desplazamientos, pone de manifiesto las limitaciones de la actual Ley de Secretos Oficiales y la necesidad de avanzar hacia una normativa más moderna y transparente. Mientras tanto, el debate sobre el control y la fiscalización de los aspectos económicos de la Monarquía sigue abierto en el ámbito parlamentario y social.
El Gobierno ha reiterado su disposición a respaldar medidas que mejoren la transparencia, aunque por el momento no ha ofrecido cambios sustanciales en su política informativa respecto a los gastos de la familia real. La demanda de información continúa siendo una reivindicación de distintos sectores políticos y de la sociedad civil, que reclaman conocer el destino de los fondos públicos en un Estado democrático.
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