La Generalitat Valenciana deberá abonar 748.000 euros a una gestora de residencias por retrasos en los pagos
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictaminado recientemente que la Generalitat deberá pagar un total de 748.640,62 euros a la empresa Gestió Sociosanitària al Mediterrani, S.L. (GESMED), responsable de la gestión de diversas residencias de mayores. Este importe corresponde a intereses de demora y gastos de cobro derivados del retraso en el pago de 19 facturas emitidas durante el segundo semestre de 2023.
Un fallo motivado por los retrasos en los pagos
La sentencia del TSJCV responde a una reclamación de GESMED, que solicitaba la compensación por los intereses generados y los costes asociados a la demora en el cobro de servicios ya prestados y facturados. Aunque la Generalitat Valenciana había abonado finalmente las facturas, la empresa exigía 742.680,62 euros en intereses y 5.960 euros en gastos de cobro. Por su parte, la Administración autonómica reconocía solo 711.960,08 euros en intereses y defendía que el cálculo debía iniciarse desde la entrada de las facturas en su registro interno (GVRTE), y no desde la fecha de presentación en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), como reclamaba la gestora.
El TSJCV, sin embargo, ha avalado la postura de GESMED, estableciendo que el plazo para computar los intereses de demora comienza en el momento en que la factura se registra en la plataforma FACe. La resolución remite a la normativa estatal sobre morosidad en el sector público y a la doctrina previa del propio tribunal, dejando claro que no es posible retrasar artificialmente el inicio del cómputo para el pago.
Referencias normativas y jurisprudencia europea
El tribunal cita la Directiva Europea 2011/7 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-585/20), que rechazan esquemas de pago que excedan los plazos máximos fijados por la normativa comunitaria. Así, la Administración no puede autoasignarse prórrogas encubiertas y debe cumplir con los plazos establecidos desde el registro administrativo de la factura.
Además, la sentencia impone a la Generalitat el pago de costas judiciales, con un tope de 1.600 euros, y establece que la cantidad adeudada devengará el interés legal desde la notificación de la resolución hasta su abono efectivo.
La Conselleria atribuye el fallo a la gestión anterior
Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda han señalado que la sentencia es consecuencia de la «mala gestión del Gobierno anterior», y subrayan que esta resolución se suma a otras similares relacionadas con intereses de demora y pagos tardíos durante la legislatura previa a junio de 2023. Según estas fuentes, los retrasos tendrían su origen en contratos caducados, algunos desde el año 2017, que no fueron regularizados a tiempo, lo que ha provocado que la Generalitat siguiera abonando servicios bajo contratos sin vigencia y demorara los correspondientes pagos.
Desde la Conselleria destacan que el actual Gobierno ha licitado la gestión de 19 residencias de mayores y 15 centros de día, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios bajo un marco jurídico actualizado. Asimismo, aseguran haber saldado más de 100 millones de euros de deuda heredada y haber actualizado pagos fuera de contrato conforme al IPC acumulado desde 2022, lo que permitirá a las empresas ajustar salarios y mejorar las condiciones laborales del personal.
Tensiones de tesorería y advertencias del sector
GESMED ha optado por no hacer declaraciones sobre el fallo judicial. No obstante, su situación no es aislada. En los últimos meses, diversas entidades del sector sociosanitario han denunciado retrasos en los pagos de la Generalitat a proveedores. La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ya había alertado sobre impagos y tensiones de tesorería en residencias públicas.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, reconoció en mayo de este año la existencia de «límites de liquidez» en el pago a proveedores y explicó que la falta de un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario propició el aplazamiento de abonos a farmacias y otros servicios esenciales.
Incumplimiento de los plazos legales de pago
El problema de los pagos fuera de plazo es estructural. Según la Sindicatura de Comptes, en el ejercicio 2023 el 65% de las facturas abonadas por la Generalitat Valenciana superó el plazo legal de 60 días, lo que representa una práctica generalizada que afecta a la estabilidad financiera de las empresas proveedoras. Además, el plazo medio de pago a proveedores se situó en abril de 2024 en 38,57 días, ocho días por encima del límite máximo establecido por la normativa.
Perspectivas y medidas adoptadas
El actual Consell defiende que está adoptando medidas para corregir estos retrasos, regularizar la contratación y garantizar el cumplimiento de los plazos de pago. No obstante, el sector sociosanitario continúa reclamando una mayor agilidad en los abonos y una gestión más eficiente para evitar nuevas tensiones financieras y asegurar la continuidad y calidad de los servicios prestados a las personas dependientes.
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