La trama Koldo presionó para adjudicar la obra del Puente Centenario de Sevilla a Acciona
Una investigación de la Guardia Civil ha revelado que la denominada trama Koldo intervino activamente para influir en la adjudicación de la remodelación del Puente Centenario de Sevilla. El objetivo era que el Ministerio de Transportes asignara el proyecto a la constructora Acciona, facilitando así el pago de comisiones a Servinabar, una empresa vinculada al empresario Antxon Alonso y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Presiones para cerrar el acuerdo con Acciona
El Puente Centenario, uno de los principales accesos a Sevilla, fue objeto de una inspección y evaluación por parte del Ministerio de Transportes en agosto de 2018, cuando José Luis Ábalos ocupaba la cartera. Apenas unos meses después, en noviembre de ese año, Servinabar y Acciona firmaron un acuerdo de colaboración para el proyecto, incluso antes de que se anunciara oficialmente la reforma de la infraestructura.
A diferencia de otros contratos similares, este acuerdo establecía que Servinabar recibiría el 2% del presupuesto total de la obra, en vez de un precio previamente fijado. La adjudicación, finalmente, contemplaba un presupuesto base de más de 6,4 millones de euros.
Mensajes y presiones internas en el Ministerio
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Santos Cerdán ordenó en varias ocasiones a Koldo García, asesor del entonces ministro Ábalos, que acelerara la adjudicación. En mensajes internos, Cerdán insistió con frases como “Cerrar Sevilla”, a lo que García respondió “Lo sé jefe”. La insistencia fue tal que, según la UCO, Koldo llegó a expresar a Ábalos su frustración, señalando que Cerdán estaba “obsesionado con el puente de Sevilla”.
En conversaciones grabadas, Koldo García comunicó a Cerdán que incluso el Director General de Carreteras tuvo que ejercer presión sobre Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, para lograr la concesión de la licitación. Según García, estas maniobras evidenciaban la existencia de intereses particulares detrás de la operación.
Pagos y facturas bajo sospecha
La investigación identifica facturas emitidas por Servinabar a Acciona por un importe total de 171.916 euros, correspondientes a servicios prestados entre septiembre de 2019 y mayo de 2020. Sin embargo, la UCO destaca la “imprecisión” en la descripción de los conceptos, ya que todas las facturas hacen referencia a servicios genéricos como “ayudas servicios varios, topografía, señalización y Seguridad y Salud”.
Este hecho llevó a los investigadores a sospechar que se intentaba dificultar la identificación concreta de los servicios realmente prestados. Además, la emisión de estas facturas coincidió temporalmente con la adjudicación de la obra, reforzando las sospechas de irregularidades.
Ampliación de contratos y adjudicaciones millonarias
En 2020, Javier Herrero, entonces alto cargo del Ministerio de Fomento, comunicó a Koldo García la apertura de una nueva licitación urgente para la continuación de las obras en el Puente Centenario. Finalmente, la adjudicación ascendió a casi 85 millones de euros, recayendo nuevamente en Acciona por haber presentado la oferta más baja, pero considerada viable.
- Servinabar firmó tres nuevos contratos de prestación de servicios con Acciona, por valor de 38.791,5 euros adicionales.
- Para la ejecución de estos servicios, Servinabar destinó a un solo trabajador: el cuñado de Santos Cerdán.
Sumando todos los contratos adjudicados, Servinabar podría haber percibido hasta 1.801.914 euros en concepto de comisiones por su participación en el proyecto, en virtud del acuerdo del 2% del presupuesto total.
Conclusión
La investigación sobre la adjudicación de las obras del Puente Centenario de Sevilla pone de manifiesto una compleja trama de presiones políticas, acuerdos previos y pagos poco transparentes. Las actuaciones de la trama Koldo y la vinculación de altos cargos del Ministerio de Transportes han despertado serias dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso, situando el caso en el centro del debate sobre la gestión de fondos públicos y la adjudicación de grandes proyectos de infraestructuras en España.
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