El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
El Tribunal Supremo ha dictado una condena de dos años de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. Además, el Alto Tribunal le ha impuesto una multa de 7.200 euros. La decisión, que aún no cuenta con la sentencia redactada, se ha dado a conocer mediante una providencia notificada a las partes implicadas.
Fallo con votos discrepantes
La resolución judicial, relativa a la causa especial 20557/2024, no ha sido adoptada por unanimidad. Han emitido votos discrepantes las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, esta última responsable inicial de la ponencia, que pasará finalmente al presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. La sentencia definitiva, una vez redactada, incorporará los argumentos de estos votos particulares.
Detalles de la condena
De acuerdo con el fallo avanzado por el Supremo, García Ortiz ha sido condenado como autor de un delito de revelación de datos reservados, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. La pena impuesta consiste en:
- 12 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros (totalizando 7.200 euros).
- Inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años.
- Pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
- Indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.
El tribunal ha absuelto al fiscal general del resto de los delitos por los que fue acusado. Además, se ha ordenado la devolución o, en su caso, la destrucción de los objetos intervenidos durante los registros practicados en la investigación.
Próximos pasos y efectos de la sentencia
La sentencia surtirá efectos legales en el momento en que sea notificada formalmente a las partes. Por el momento, el fallo se ha adelantado a través de una providencia, mientras se elabora el texto completo de la resolución judicial.
La tramitación de este caso ha sido especialmente rápida, ya que el juicio se encontraba visto para sentencia desde el pasado 13 de noviembre. La decisión del Supremo se considera histórica y marca un precedente en la responsabilidad penal de altos cargos en el ámbito judicial español.
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