El Tribunal Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación y multa por revelación de secretos
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La decisión, adoptada por mayoría, responde a la filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Detalles de la sentencia
El fallo del Alto Tribunal establece que Álvaro García Ortiz es responsable de un delito de revelación de datos reservados, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. Por ello, se le impone una pena de 12 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, así como la inhabilitación especial para ejercer el cargo de fiscal general del Estado durante dos años. Además, deberá abonar las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular.
En concepto de responsabilidad civil, la sentencia obliga a García Ortiz a indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales ocasionados.
Otros aspectos del fallo
El Supremo absuelve al fiscal general del resto de los delitos por los que había sido acusado. Asimismo, dispone que los objetos incautados en los registros efectuados durante la investigación serán devueltos a sus legítimos propietarios, o destruidos en caso de no ser reclamados.
La sentencia, cuya redacción definitiva está pendiente, entrará en vigor una vez sea notificada formalmente a las partes implicadas.
Votos particulares y disidencias
La resolución judicial incluirá dos votos particulares firmados por las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo, quienes han manifestado su discrepancia con la decisión mayoritaria. Esta circunstancia ha provocado un cambio en la ponencia, que será asumida por el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.
El fallo ha sido comunicado oficialmente a las partes implicadas en el proceso.
Implicaciones de la condena
- Inhabilitación de Álvaro García Ortiz para ejercer como fiscal general del Estado durante dos años.
- Pago de una multa económica y de una indemnización por daños morales.
- Relevancia para la carrera profesional del fiscal general y posibles repercusiones institucionales.
Esta sentencia marca un precedente relevante en el ámbito judicial español, al afectar a una de las máximas autoridades del Ministerio Fiscal por la filtración de datos confidenciales durante el ejercicio de sus funciones.
Nota:
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