El Gobierno reclamará el archivo de Franco para garantizar el acceso a la documentación sobre la represión
El Ministerio de Cultura solicitará a la Abogacía del Estado que promueva la reclamación judicial del archivo de Francisco Franco, actualmente bajo custodia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), con el objetivo de que pase a dominio público y esté disponible para la ciudadanía e investigadores. Esta medida busca facilitar la documentación y el estudio de la represión durante la dictadura franquista.
Un archivo de valor histórico incalculable
Según ha precisado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el archivo de Franco contiene cerca de 30.000 documentos y ha sido inventariado por el propio ministerio. Urtasun subrayó que estos documentos «pertenecen a los españoles, a los investigadores, para que todo el mundo pueda documentar la represión», y recordó que son materiales de carácter público, dado que reflejan la actividad del dictador como Jefe de Estado.
La colección alberga actualmente 27.620 documentos digitalizados o descritos en la web de la FNFF. Entre ellos se encuentran:
- 950 documentos de los años treinta (3,4% del total)
- 8.500 documentos de la década de los cuarenta (30,8%)
- 9.500 documentos de los años cincuenta (34,4%)
- 5.700 documentos de los sesenta (20,6%)
- 1.040 documentos de los setenta (3,8%)
- Unos 2.000 documentos sin fechar
Entre los escritos destacados figuran documentos sobre visitas de jefes de Estado extranjeros, como la del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower a Madrid en 1959 o la de María Eva Perón en 1947, así como peticiones y adhesiones políticas enviadas por ciudadanos e instituciones. El archivo también conserva materiales relativos a acontecimientos clave como la Segunda Guerra Mundial, el ingreso de España en la ONU, relaciones con Estados Unidos y con la Santa Sede, procesos de descolonización y la situación en Gibraltar, entre otros temas.
Asimismo, se incluyen documentos producidos por la administración colonial, autoridades locales, miembros de la monarquía y representantes eclesiásticos.
Extinción de la Fundación Franco y otras entidades franquistas
La reclamación del archivo se produce en un contexto en el que el Gobierno ha iniciado el proceso para la extinción de la FNFF, procedimiento que comenzó el pasado 31 de octubre. Paralelamente, el Ministerio de Cultura anunció la puesta en marcha de actuaciones previas para la disolución de otras cuatro fundaciones vinculadas al franquismo: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
El procedimiento para la extinción de estas entidades sigue el mismo itinerario jurídico: primero, se solicita un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para recabar información que motive el inicio del proceso. Posteriormente, se comunica la apertura del expediente a cada fundación y se abre un periodo de alegaciones. Finalmente, se solicita un informe a la Abogacía General del Estado y el Ministerio de Cultura decide si corresponde instar judicialmente la extinción, resolución que queda en manos de los tribunales civiles.
Fases del proceso judicial
- Actuaciones previas: Recopilación de información e informes para fundamentar la solicitud de extinción.
- Apertura del procedimiento: Comunicación a la fundación implicada y apertura del periodo de alegaciones y prueba.
- Resolución y elevación a los juzgados: Tras recabar todos los informes y alegaciones, el Ministerio de Cultura eleva la propuesta a los tribunales civiles para su resolución final.
Fuentes del Ministerio confían en que el procedimiento avance con agilidad, aunque señalan que el desarrollo del proceso dependerá, en parte, de la estrategia de defensa que adopten las fundaciones afectadas. Se calcula que, como mínimo, transcurrirán nueve meses hasta que la cuestión llegue a un juez.
Garantizar la memoria histórica
Con estas iniciativas, el Gobierno pretende asegurar la preservación y el acceso público a documentos clave sobre la dictadura franquista, favoreciendo la investigación histórica y la memoria democrática en España. La devolución del archivo de Franco al dominio público representa, según Cultura, un paso esencial para que la sociedad pueda conocer y analizar en profundidad el periodo de represión y los acontecimientos políticos del siglo XX en el país.
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