Pasan a disposición judicial los detenidos por la trama corrupta en la Diputación de Almería
La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado un nuevo giro en el conocido como caso Mascarillas, relacionado con presuntas irregularidades en contratos públicos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Este miércoles, la cifra de personas implicadas ascendió a una decena, entre detenidos e investigados, tras nuevas actuaciones policiales en la provincia de Almería.
Nuevos implicados en la investigación
Fuentes próximas a la investigación han confirmado que entre los nuevos investigados se encuentran una hermana y un hermano de Javier Aureliano García, presidente hasta ahora de la Diputación de Almería por el Partido Popular, quien fue arrestado el martes. También figura Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la institución, que vuelve a estar bajo investigación tras haber sido uno de los principales detenidos en la primera fase del operativo.
Junto a García, permanecen detenidos Fernando Giménez, vicepresidente segundo de la Diputación; Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, ambos del Partido Popular; el hijo del regidor y un técnico del área de Obras Públicas de la Diputación.
Registros y nuevas pruebas
Durante la mañana del miércoles, la UCO efectuó un nuevo registro en el Ayuntamiento de Fines, reforzando el papel central de este municipio en la investigación. Esta actuación se suma a las diez entradas simultáneas realizadas el martes en domicilios, oficinas públicas y sedes de empresas presuntamente implicadas.
Según fuentes oficiales, uno de los registros permitió hallar documentación que podría vincular directamente a Óscar Liria con una de las empresas investigadas, lo que motivó que el juez instructor ordenase ampliar la investigación sobre su persona. Estas diligencias, dirigidas por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, se prolongaron durante más de diez horas.
Delitos investigados y medidas judiciales
El auto judicial que autoriza las detenciones y registros recoge la existencia de “sospechas fundadas” de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según la resolución, los investigados habrían participado en la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a ciertas empresas a cambio de comisiones ilegales.
La mayor parte de estas adjudicaciones se habrían realizado desde la Diputación de Almería, aunque el auto apunta a que algunas operaciones también podrían haberse tramitado desde el Ayuntamiento de Fines. Esto explicaría el protagonismo que ha adquirido el municipio en esta segunda fase del caso.
Volcado de información y aseguramiento de bienes
El juzgado encargado de la causa ha autorizado a la UCO a acceder y analizar las comunicaciones privadas de los investigados, incluyendo documentos electrónicos y mensajes almacenados en dispositivos intervenidos. Además, se ha requerido documentación adicional tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Fines y a las empresas sospechosas, con el objetivo de reconstruir el circuito de adjudicaciones y movimientos de dinero.
Como medida de prevención, el juez ha dictado el aseguramiento de cuentas bancarias, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados, para evitar eventuales movimientos patrimoniales que pudieran obstaculizar la acción de la justicia.
Por el momento, los cinco principales detenidos han sido puestos a disposición judicial, donde se prevé que presten declaración en las próximas horas, mientras la investigación sigue en curso y no se descarta que el número de personas investigadas aumente en los próximos días.
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