Suben a cinco los investigados en el ‘caso Mascarillas’ en Almería, incluyendo a dos hermanos del presidente de la Diputación
La investigación sobre presuntos contratos irregulares en la Diputación Provincial de Almería suma ya diez supuestos implicados, tras la incorporación de cinco nuevos investigados en la denominada trama ‘Mascarillas’. Entre estos últimos se encuentran dos hermanos de Javier Aureliano García, presidente de la institución provincial.
Una operación en expansión: diez implicados y posibles nuevas detenciones
Según fuentes de la investigación, el número de personas bajo sospecha podría aumentar en función del avance de las pesquisas. Este miércoles, los esfuerzos se han concentrado en la toma de declaraciones de los arrestados en dependencias de la Guardia Civil, especialmente en relación con contratos de obras y servicios que habrían sido adjudicados de manera fraudulenta a cambio de comisiones.
Entre los detenidos figuran altos cargos políticos y técnicos de la Diputación, así como empresarios y familiares de responsables públicos. Además del presidente provincial, permanecen arrestados el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este miércoles al Ayuntamiento de Fines para recabar documentación relevante para la causa.
Cargos políticos y técnicos bajo investigación
- Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial.
- Fernando Giménez, vicepresidente segundo.
- Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines.
- Un técnico del Área de Fomento de la Diputación.
- El hijo del alcalde de Fines, implicado también en la primera fase de la operación.
Todos ellos han sido suspendidos cautelarmente de militancia por el Partido Popular, a la espera de la evolución del proceso judicial.
El origen de la trama y nuevas ramificaciones
La operación tiene su origen en 2021, durante la fase más crítica de la pandemia de covid-19. El entonces vicepresidente tercero, Óscar Liria, fue arrestado por la supuesta adjudicación fraudulenta de un contrato de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario, incluyendo mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI). A pesar del importe adjudicado, el pago efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros, lo que levantó las primeras sospechas de irregularidades y posibles comisiones ilícitas.
El avance de la investigación ha permitido identificar nuevas ramificaciones de la supuesta trama de corrupción, extendiéndose a otros contratos públicos de obras y servicios, algunos de ellos relacionados con el Ayuntamiento de Fines. Las diligencias han implicado ya a dos empresarios, a quienes se atribuyen delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Ambos serían hermanos de García Molina, lo que refuerza la hipótesis de una red de conexiones familiares dentro del entramado.
La causa judicial y los próximos pasos
Está previsto que los detenidos comparezcan este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, encargado de dirigir las diligencias de esta pieza separada, que permanece bajo secreto de sumario. En total, la causa principal acumula ya 14 investigados judicialmente y la implicación de siete empresas, mientras continúa la labor de recopilación de pruebas por parte de la autoridad judicial y los cuerpos de seguridad.
Las investigaciones apuntan a que los implicados habrían colaborado o facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a empresas determinadas, con el objetivo de obtener comisiones ilícitas. La extensión de las pesquisas permitirá determinar si este modus operandi se replicó en otros contratos durante los últimos años.
Contexto del caso y consecuencias políticas
La gravedad de las acusaciones y la implicación de destacados cargos públicos han provocado la suspensión cautelar de militancia de los encausados por parte del Partido Popular. El caso Mascarillas se perfila ya como uno de los mayores escándalos de corrupción reciente en la administración provincial de Almería, con posibles repercusiones políticas y judiciales a largo plazo.
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