Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos por seis delitos en la Trama Koldo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 24 años de prisión para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su presunta implicación en seis delitos relacionados con la conocida como Trama Koldo. Esta petición forma parte del escrito de acusación presentado ante el Tribunal Supremo, donde también se reclaman penas para otros implicados, como el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Procesamiento judicial en la pieza principal de la investigación
Hace dos semanas, el magistrado Leopoldo Puente, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, procesó a Ábalos, García y Aldama en la pieza principal del caso. La investigación se centra en contratos irregulares de suministro de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, hechos que la Fiscalía ha calificado provisionalmente como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros.
Detalle de las penas solicitadas para los principales acusados
En un escrito de 21 páginas, la Fiscalía Anticorrupción detalla las solicitudes de condena para cada uno de los implicados, especificando los delitos atribuidos y las penas accesorias correspondientes.
-
José Luis Ábalos: Se enfrenta a un total de 24 años de prisión distribuidos en los siguientes delitos:
- Organización criminal: 7 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena.
- Cohecho continuado: 6 años de prisión, multa de 20 meses a razón de 300 euros diarios, e inhabilitación especial por 10 años.
- Uso de información privilegiada: 2 años de prisión, multa de 3.713.981 euros, responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses en caso de impago e inhabilitación por 5 años.
- Tráfico de influencias (dos apartados): 2 años de prisión y multas de 70.000 y 35.000 euros respectivamente, con inhabilitación por 8 años en cada caso.
- Malversación: 5 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años.
-
Koldo García: Anticorrupción reclama 19 años y medio de prisión, con penas por:
- Organización criminal: 6 años de prisión e inhabilitación durante la condena.
- Cohecho continuado: 5 años de prisión, multa de 20 meses y sanciones accesorias.
- Uso de información privilegiada: 1 año y 6 meses de prisión, multa de 3.713.981 euros e inhabilitación por 5 años.
- Tráfico de influencias (dos apartados): 1 año y 6 meses de prisión y multas de 45.000 y 25.000 euros respectivamente, con inhabilitación por 8 años en cada caso.
- Malversación: 4 años de prisión e inhabilitación por 8 años.
-
Víctor de Aldama: La Fiscalía solicita 7 años de prisión y diversas penas accesorias:
- Organización criminal: 4 años de prisión e inhabilitación especial durante la condena.
- Cohecho continuado: 3 años de prisión, multa de 12 meses y sanciones accesorias.
- Aprovechamiento de información privilegiada: multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad subsidiaria de dos meses e inhabilitación para obtener subvenciones o beneficios fiscales durante un año.
Atenuantes y medidas económicas
En el caso de Víctor de Aldama, la Fiscalía considera la atenuante por colaboración con la justicia, lo que puede influir en la valoración de su responsabilidad penal.
Además, el Ministerio Público solicita que José Luis Ábalos y Koldo García indemnicen de manera conjunta y solidaria a la empresa pública INECO con 34.477,86 euros. Asimismo, se pide el decomiso de las ganancias obtenidas ilícitamente, estimadas en al menos 430.298,4 euros, conforme a lo estipulado en el Código Penal.
Contexto y repercusiones
La Trama Koldo ha sacudido el panorama político y empresarial en España, al implicar a altos cargos y empresarios en supuestas prácticas corruptas durante la gestión de contratos públicos en la crisis sanitaria. La acusación de la Fiscalía Anticorrupción marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción institucional, subrayando la determinación de los órganos judiciales para depurar responsabilidades.
El proceso judicial continúa su curso, a la espera de que el Tribunal Supremo determine la apertura del juicio oral y se definan las fechas para la vista. Mientras tanto, la opinión pública y los sectores implicados siguen con atención el desarrollo de uno de los mayores casos de presunta corrupción en la gestión de la pandemia.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
