Fiscalía solicita endurecer medidas cautelares para Ábalos y Koldo en la investigación de la trama de corrupción
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo la celebración de una nueva vista para revisar las medidas cautelares impuestas al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García. Esta petición se produce en el marco de la investigación sobre la denominada «Trama Koldo», una red de presunta corrupción que implica a altos cargos y empresarios.
Petición de modificación de medidas cautelares
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado un escrito en el que reclama modificar las medidas cautelares personales que actualmente pesan sobre Ábalos y García. Hasta el momento, ambos estaban sujetos a la prohibición de salir del territorio nacional, retirada de pasaporte y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Según fuentes jurídicas, la solicitud de una nueva audiencia por parte de Anticorrupción apunta a un posible endurecimiento de estas medidas, lo que podría traducirse en el ingreso en prisión provisional de los investigados. La decisión final dependerá de lo que se acuerde en la próxima vista, cuya fecha aún no ha sido fijada por el juez instructor, Leopoldo Puente.
Acusaciones y penas solicitadas
En su escrito de acusación, el fiscal jefe solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos por la comisión de seis delitos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. Esta petición llega tras la reciente decisión del juez de procesar a los principales implicados en la causa.
Relaciones personales y operativa de la trama
El documento de la Fiscalía detalla la estrecha relación entre Ábalos, su exasesor y el empresario Aldama, señalando que Koldo García no solo actuaba como asesor, sino que desempeñaba funciones mucho más amplias y, en ocasiones, ilícitas. De hecho, se le describe como el “alter ego” de Ábalos, gestionando tanto actividades profesionales como personales, legales e ilegales.
La investigación sostiene que Koldo García administraba fondos ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, frecuentemente mezclados con los suyos propios, actuando como testaferro en operaciones delictivas. Víctor de Aldama, por su parte, sería el nexo empresarial que facilitaba contactos y conexiones políticas, tanto a nivel nacional como internacional.
Intermediación y favores políticos
Uno de los aspectos destacados por la Fiscalía es la capacidad de intermediación de Koldo García entre los implicados y diferentes ministerios. Entre los casos investigados, figura la gestión para la obtención de una licencia de operador de productos petrolíferos para la empresa Villafuel SL, que incluyó reuniones en el Ministerio de Industria y la presunta entrega de grandes sumas de dinero en efectivo.
Asimismo, se investiga la relación de Koldo y Aldama con altos cargos de otros ministerios, como el de Hacienda, donde se solicitó un aplazamiento de deudas tributarias a cambio de presuntas comisiones, aunque estos hechos han sido negados por los funcionarios implicados.
Pagos y contraprestaciones
La Fiscalía también ha aportado pruebas sobre supuestos pagos en especie. En uno de los mensajes incorporados a la causa, se recoge cómo el disfrute por parte de Ábalos de un chalet en la Alcaidesa (Cádiz) habría sido una contraprestación de Víctor de Aldama por la intervención del entonces ministro en el rescate de Air Europa, operación que habría beneficiado a la compañía aérea y tranquilizado a sus inversores.
Próximos pasos en la investigación
Por el momento, el juez Leopoldo Puente no ha señalado la fecha para la celebración de la nueva vista sobre medidas cautelares, aunque se espera que en las próximas semanas se dicte el auto de apertura de juicio oral. Todo apunta a que la presión judicial y la gravedad de los delitos imputados podrían derivar en un endurecimiento de las condiciones para los principales acusados.
Este caso continúa generando expectación y podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción política en España, dada la relevancia de los implicados y el alcance de las acusaciones.
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