Controversia en Martorell por multas a quienes recolecten agua de fuentes públicas
El Ayuntamiento de Martorell, municipio de la provincia de Barcelona, ha desatado una fuerte polémica tras aprobar una normativa que prohíbe llenar garrafas o botellas de agua en las fuentes públicas del municipio. La medida contempla sanciones económicas que oscilan entre los 100 y los 750 euros para quienes incumplan la restricción, lo que ha generado un amplio rechazo entre asociaciones vecinales y colectivos sociales.
- Controversia en Martorell por multas a quienes recolecten agua de fuentes públicas
- Una decisión municipal bajo la lupa
- Reacciones de la sociedad civil y rechazo social
- Contexto político y antecedentes
- Impacto sobre la población vulnerable
- Críticas a la postura del PSC
- Demandas de la sociedad civil y partidos de la oposición
- Repercusión en la política catalana
- Postura de la Generalitat
- Conclusiones
Una decisión municipal bajo la lupa
El gobierno local, integrado por Junts y PSC y dominado ampliamente por el primero —que ostenta 16 de los 21 concejales—, argumenta la necesidad de la medida en el marco de políticas de seguridad y convivencia. Sin embargo, la decisión ha sido recibida con críticas generalizadas por parte de partidos de izquierda y plataformas sociales, que consideran que castiga especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
Reacciones de la sociedad civil y rechazo social
La plataforma Aliança per a l’accés a l’aigua ha manifestado que la prohibición “castiga, estigmatiza y señala a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad”, recordando que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. Según la entidad, las fuentes públicas de Martorell llevan semanas cerradas y esta nueva ordenanza supone un endurecimiento injustificado de las restricciones.
El rechazo no se limita a Aliança per a l’accés a l’aigua. Organizaciones como Papers per a tothom, la PAH del Baix Llobregat Nord y la CNT-AIT Martorell han expresado su desacuerdo, con protestas recientes en la plaza de la Vila coincidiendo con la votación de la normativa.
Contexto político y antecedentes
Martorell es considerado un feudo tradicional de los sectores convergentes y posconvergentes en la comarca del Baix Llobregat. Su alcalde, Xavier Fonollosa (Junts), ha sido identificado como uno de los impulsores de políticas más restrictivas en materia de seguridad, inmigración y acceso a servicios municipales.
La plataforma vecinal sostiene que la prohibición carece de justificación económica, ya que el coste del agua pública es asumido por la empresa privada gestora, ni responde a razones de orden público, puesto que no se han registrado incidentes relacionados con el uso de las fuentes. Para los opositores, la medida responde más a una estrategia política para captar votos en un contexto de auge de la extrema derecha.
Impacto sobre la población vulnerable
Soulimane Messaoudi, portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Martorell, ha advertido que la nueva normativa afecta directamente a colectivos vulnerables como personas sin hogar, temporeros y familias sin acceso a una vivienda digna, limitando el acceso a un servicio básico y universal. Messaoudi subraya que negar el acceso al agua podría incluso entrar en conflicto con derechos fundamentales y plantea dudas sobre su legalidad.
Críticas a la postura del PSC
El portavoz de ERC también ha criticado el apoyo del PSC a la medida, calificándola de alineada con posiciones punitivas propias de la derecha y señalando que el partido socialista se aleja de su tradicional compromiso social al respaldar la ordenanza.
Demandas de la sociedad civil y partidos de la oposición
- Reapertura inmediata de las fuentes públicas.
- Retirada de la modificación de la ordenanza de convivencia.
- Inicio de un proceso participativo con las comunidades afectadas y el tejido asociativo local.
Repercusión en la política catalana
La controversia ha llegado al ámbito nacional. La diputada de la CUP, Laure Vega, ha anunciado que su partido estudia acciones legales contra la ordenanza, en colaboración con otras entidades sociales, y espera que la cuestión llegue a los tribunales. Además, los Comuns han presentado una propuesta de resolución en el Parlament de Cataluña para garantizar el acceso al agua de las fuentes públicas a familias en situación de vulnerabilidad, instando a que se eviten medidas arbitrarias que limiten el acceso a recursos esenciales.
Postura de la Generalitat
El Govern catalán, por su parte, ha evitado pronunciarse directamente sobre la polémica. La portavoz Sílvia Paneque ha declarado que el Ejecutivo no valorará acciones puntuales de los ayuntamientos siempre que se ajusten al marco normativo, y confía en que los servicios jurídicos municipales hayan verificado la legalidad de la nueva ordenanza.
Conclusiones
La decisión del Ayuntamiento de Martorell de sancionar la recogida de agua en fuentes públicas ha generado una intensa controversia social y política, poniendo en el centro del debate el acceso a los derechos básicos y la protección de los colectivos más vulnerables. El futuro de la medida dependerá de la presión social, el debate político y, posiblemente, de la intervención judicial.
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