El Gobierno impulsa una ley para frenar el acoso judicial y regular la actuación de jueces y creadores de contenido
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha registrado en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso Derivado de Acciones Judiciales Abusivas. Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, busca establecer nuevos mecanismos de protección ante situaciones consideradas como acoso judicial, especialmente dirigidas a creadores de contenido, activistas y personas críticas con la gestión pública.
Objetivos de la nueva ley
Según la exposición de motivos presentada por el PSOE, la futura ley pretende salvaguardar derechos fundamentales como el derecho al honor, la libertad de expresión y de creación, así como la participación política. El texto subraya que España es una sociedad caracterizada por la diversidad política y la resolución pacífica de los conflictos, pero alerta sobre la aparición de prácticas que, a juicio del Gobierno, han tensionado los mecanismos de debate y las instituciones democráticas en los últimos años.
Medidas contra el acoso judicial
El PSOE sostiene que se ha detectado el uso recurrente de procedimientos judiciales con el objetivo de intimidar y disuadir a creadores, activistas y críticos políticos, forzándolos a enfrentar procesos legales costosos y, en muchos casos, abocados al archivo por falta de fundamento jurídico. Según el partido, estas acciones buscan principalmente la autocensura y la reducción del pluralismo en la esfera pública.
La ley pretende poner coto a estas prácticas mediante sanciones ejemplares y una tramitación parlamentaria ágil, a fin de ofrecer una respuesta rápida y efectiva frente a lo que consideran acciones abusivas en el ámbito judicial.
Regulación de la actuación judicial
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la propuesta de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados. El objetivo es reforzar los principios de independencia, integridad e imparcialidad en la administración de justicia, evitando cualquier percepción de parcialidad o compromiso político por parte de los miembros del poder judicial.
En este sentido, el texto contempla la inclusión de una nueva causa de abstención y recusación en el artículo 219 de la citada ley. Esta medida permitiría apartar de un caso a aquellos jueces o magistrados que hayan realizado manifestaciones públicas, o participado en actos o concentraciones, que puedan poner en entredicho su apariencia de imparcialidad respecto a actuaciones o representantes públicos.
Implicaciones y debate político
El proyecto ha suscitado un intenso debate político y mediático. Mientras el Gobierno defiende la ley como un instrumento para garantizar la protección de los derechos fundamentales y fortalecer la calidad democrática, sectores críticos consideran que la iniciativa podría suponer una restricción a la labor informativa y a la independencia judicial, especialmente en casos de informaciones relativas a corrupción o gestión pública.
Próximos pasos en el Congreso
La tramitación de la Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso Derivado de Acciones Judiciales Abusivas comienza ahora su andadura parlamentaria. El PSOE ha mostrado su intención de agilizar el proceso y dotar a la norma de herramientas eficaces para frenar el acoso judicial y proteger la pluralidad de opiniones en el sistema democrático.
El desarrollo y aplicación de esta ley será seguido de cerca tanto por los profesionales de la comunicación como por el ámbito judicial, en un contexto de creciente sensibilidad social respecto a la libertad de expresión y la independencia de los poderes del Estado.
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