Las claves del puzle de la financiación singular catalana: acuerdos, puntos de fricción y calendario
La negociación entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya para la reforma del sistema de financiación autonómica ha entrado en una fase determinante, marcada por avances recientes y por la persistencia de varios puntos de desacuerdo. El proceso, que afecta a todas las comunidades autónomas de régimen común —todas salvo Navarra y Euskadi—, se caracteriza por su complejidad y por la existencia de intereses territoriales enfrentados.
Primeros contactos y hoja de ruta
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado en Madrid, ha funcionado como la primera toma de contacto multilateral para abordar la reforma del modelo de financiación vigente desde 2009 y caducado desde 2014. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que el objetivo de la reunión no era alcanzar un acuerdo inmediato, sino establecer las bases de la futura reforma. Según la ministra, la propuesta concreta del Gobierno se presentará entre enero y febrero del próximo año, con la vista puesta en lograr la aprobación definitiva hacia el final de la legislatura, en la primavera de 2027.
La reunión estuvo marcada por el rechazo de los representantes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular al concepto de «financiación singular» defendido por Catalunya y a la posibilidad de una negociación bilateral entre esta autonomía y el Estado. No obstante, existe consenso sobre la necesidad de actualizar un sistema claramente obsoleto, lo que mantiene a todas las partes en la mesa de diálogo.
Acuerdos iniciales y pilares de la reforma
La clave para el éxito de la reforma, según el Ministerio de Hacienda, es garantizar que todas las comunidades autónomas salgan beneficiadas en términos absolutos. Además, el sistema debe preservar la solidaridad interterritorial, de manera que los territorios con mayor capacidad fiscal contribuyan a financiar a los menos favorecidos.
Los dos pilares principales en discusión son:
- Aumento de la base tributaria autonómica: Se busca incrementar el porcentaje de impuestos como el IVA y el IRPF que gestionan las comunidades, actualmente situado en el 50%, así como el de los impuestos especiales, que es del 58%.
- Más recursos estatales: Se plantea una inyección adicional de unos 20.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades, de los cuales más de 4.000 millones corresponderían a Catalunya.
La Generalitat insiste en que este incremento debe consolidarse mediante la reforma del sistema, para evitar que dependa de coyunturas económicas favorables, como ocurrió tras la reforma de 2009, cuyos efectos positivos se desvanecieron con la crisis económica.
Propuestas para agilizar el sistema y garantizar la singularidad
Uno de los cambios sobre la mesa es la eliminación del sistema actual de anticipos, que retrasa hasta dos años la percepción real de los ingresos fiscales por parte de las comunidades. La propuesta es realizar los pagos en tiempo real, mejorando así la liquidez autonómica.
Además, la parte catalana reclama que se reconozca la financiación de competencias no homogéneas —como los Mossos d’Esquadra, las prisiones o la protección del catalán— para reflejar la singularidad de Catalunya dentro del sistema.
Puntos de fricción: ordinalidad, población ajustada y capacidad normativa
A pesar de los avances, persisten diferencias significativas en tres cuestiones clave:
- Ordinalidad: Este principio implica que las comunidades que más aportan al sistema no deben perder posiciones tras la redistribución de los recursos. Aunque la ordinalidad figura en el acuerdo de investidura entre PSC y ERC, el Gobierno central ha evitado incorporarla formalmente en sus documentos. La defensa de la ordinalidad une a Catalunya con otras comunidades como Baleares, que también se sienten perjudicadas por el modelo actual.
- Población ajustada: Este criterio pondera la población real de cada territorio con factores como la extensión, el envejecimiento o la dispersión, para equilibrar la asignación de recursos. Inicialmente, la propuesta del Ministerio de Hacienda perjudicaba a Catalunya en este aspecto, pero las posturas se han acercado en las últimas semanas.
- Capacidad normativa y de gestión fiscal: Catalunya aspira a una mayor autonomía para recaudar y gestionar impuestos, en especial el IRPF, a través de su propia agencia tributaria. Sin embargo, el Gobierno central mantiene reservas y el debate legislativo sobre este punto se ha pospuesto al año próximo.
Calendario y proceso legislativo
El calendario previsto por el Gobierno contempla la presentación de la propuesta en los primeros meses de 2026, seguida de una negociación global con todas las comunidades y la aprobación de la reforma antes del final de la legislatura, en verano de 2027. Un eventual acuerdo requerirá la modificación de al menos tres leyes: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la ley de financiación autonómica y la ley de tributos. La aprobación en el Congreso será clave, especialmente ante el rechazo anunciado de PP y Vox, lo que otorga un papel decisivo a formaciones como Junts.
Impacto en los presupuestos catalanes
La negociación sobre la financiación autonómica condiciona la elaboración y aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el próximo año. ERC ha decidido no iniciar conversaciones sobre las cuentas hasta alcanzar un acuerdo de financiación, lo que retrasa el proceso presupuestario hasta, al menos, comienzos de 2026. El éxito de la reforma es, por tanto, crucial para la estabilidad política y financiera del Govern y para la viabilidad de los primeros presupuestos de la legislatura.
Conclusión
La reforma del sistema de financiación autonómica se presenta como un proceso largo y complejo, con numerosos intereses en juego y un calendario ajustado. A pesar de los avances, la resolución de los puntos de fricción —especialmente la ordinalidad, la definición de la población ajustada y la capacidad de gestión fiscal— será determinante para encajar todas las piezas de este complicado puzle. El resultado de la negociación no solo marcará el futuro de la financiación catalana, sino que también tendrá un impacto decisivo en el equilibrio territorial y político del conjunto del Estado.
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