El PSOE retira la ‘ley Begoña’ y busca introducir sus medidas en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido retirar del Congreso la conocida como ‘ley Begoña’, una iniciativa legislativa presentada a principios de año con el objetivo de reforzar la protección del entorno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. La decisión llega tras constatar la falta de apoyos parlamentarios, especialmente después de la ruptura de Carles Puigdemont con el Ejecutivo.
Un proyecto sin respaldo suficiente
La proposición, oficialmente denominada «Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», pretendía intervenir en casos de presunta corrupción que afectan tanto al Gobierno como a familiares directos de Pedro Sánchez, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.
La retirada de la iniciativa fue confirmada tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El temor a un rechazo parlamentario masivo, ante la oposición no solo de Junts sino también de formaciones como Podemos y Sumar, ha llevado al PSOE a dar por cerrada esta vía legislativa.
Críticas desde el ámbito jurídico
Desde el anuncio de la ‘ley Begoña’, diversas fuentes del ámbito jurídico han calificado la propuesta como una «grave aberración jurídica». Según estas voces, la ley buscaba archivar los procedimientos judiciales relacionados con la esposa y el hermano del presidente, así como obstaculizar investigaciones vinculadas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la denominada trama Koldo.
Un punto especialmente controvertido de la propuesta era su impacto sobre la acusación popular, una figura esencial en investigaciones que afectan al entorno del PSOE. Actualmente, partidos y entidades como PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Iusticia Europa y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ejercen la acusación popular en diversas causas contra el PSOE en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
- La ley pretendía limitar la admisión de querellas basadas en informaciones periodísticas.
- Se buscaba ampliar las causas de recusación de jueces, como ha sucedido en los casos de los magistrados Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma.
Intento de integrar la propuesta en la reforma procesal
Tras constatar la inviabilidad de la ‘ley Begoña’, el Gobierno ha optado por intentar incorporar parte de su contenido en la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta reforma, aprobada en Consejo de Ministros el 28 de octubre y remitida al Congreso, pretende actualizar el marco procesal penal español.
Desde el PSOE insisten en que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no guarda relación con casos de corrupción que afectan al partido o al entorno familiar del presidente. No obstante, la reforma tampoco cuenta con el respaldo de los socios parlamentarios independentistas y de la izquierda, que ven en ella una amenaza a la figura de la acusación popular.
Escenario futuro e implicaciones
La retirada de la ‘ley Begoña’ supone el cierre, al menos temporal, de un intento de blindar judicialmente a figuras cercanas al Gobierno en procedimientos en curso. Por otro lado, aunque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal siguiera adelante, su entrada en vigor no está prevista hasta el 1 de enero de 2028 y, en principio, no afectaría a causas actualmente en trámite.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se enfrenta ahora al reto de sacar adelante una reforma procesal que genera importantes recelos entre los principales aliados parlamentarios del Ejecutivo, quienes consideran que podría restringir el ejercicio de la acusación popular y limitar la transparencia judicial.
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