El Gobierno busca desviar la atención del caso Leire Díez con el lanzamiento de los Presupuestos Generales
En un contexto político marcado por la inestabilidad y la presión judicial, el Gobierno central ha decidido poner en marcha el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Esta iniciativa coincide con la declaración ante el juez de Leire Díez, una figura clave en la estructura interna del PSOE, investigada por presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil.
Una estrategia para cambiar el foco mediático
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado a los responsables de las comunidades autónomas el 17 de noviembre, fecha que coincide con la comparecencia judicial de Díez. El objetivo es claro: iniciar el trámite presupuestario y centrar la atención pública en la agenda legislativa, relegando a un segundo plano los escándalos judiciales que afectan actualmente al Ejecutivo.
Sin embargo, la frágil mayoría parlamentaria y la reciente ruptura de relaciones con Junts complican notablemente la posibilidad de que los nuevos presupuestos logren el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados.
Un proyecto con escasas posibilidades parlamentarias
El escenario político anticipa que la senda fiscal propuesta será rechazada por la Cámara Baja, según reconocen fuentes gubernamentales. La estrategia del Gobierno pasa por presentar el proyecto presupuestario de todos modos, aunque sea consciente de las dificultades, para transmitir una imagen de normalidad institucional y, al mismo tiempo, ganar tiempo en las negociaciones con sus socios.
- El Consejo de Ministros prevé aprobar la senda de estabilidad tras la reunión con los consejeros autonómicos.
- La votación de los objetivos fiscales podría celebrarse en la última semana de noviembre.
- No se garantiza que las cuentas públicas se presenten antes de finalizar el año.
Presupuestos con el marco fiscal anterior
Ante la previsible falta de apoyos, el Ejecutivo planea recurrir al marco fiscal del año anterior para la elaboración de los presupuestos, tal y como permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria tras dos votaciones fallidas. Esta maniobra permitiría al Gobierno extender los plazos y seguir negociando con sus socios, mientras proyecta actividad legislativa y trata de minimizar el impacto mediático de los procesos judiciales abiertos.
Entre estos casos destacan la causa contra el fiscal general del Estado, próxima a sentencia, el juicio a Leire Díez y el proceso judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, previsto para febrero.
Negociaciones complejas en el horizonte
Los partidos que apoyan al Ejecutivo han dejado claro que no otorgarán su respaldo de manera incondicional. Exigen que el Gobierno cumpla los compromisos asumidos durante la investidura y están dispuestos a tensar las negociaciones al máximo para obtener concesiones.
En este contexto, Podemos y Junts se perfilan como los interlocutores más exigentes. A pesar de que Junts había anunciado recientemente la ruptura definitiva con el Gobierno, su abstención en una enmienda clave del Partido Popular a la Ley de Movilidad Sostenible —que buscaba prolongar la vida de centrales nucleares como la de Almaraz— permitió al Ejecutivo sortear un nuevo obstáculo parlamentario.
Conclusión
El Gobierno afronta una fase decisiva tanto en el ámbito judicial como en el político. La presentación de los Presupuestos Generales del Estado se perfila como una maniobra para ganar tiempo y controlar el relato en medio de la presión mediática, mientras se intensifican las negociaciones con socios parlamentarios clave y se suceden los procesos en los tribunales.
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