Ayuso mantiene su rechazo al registro de objetores al aborto y recurre a los tribunales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado su negativa a establecer un registro de objetores de conciencia al aborto, desoyendo así el mandato del Ministerio de Sanidad dirigido por Pedro Sánchez. La decisión del Ejecutivo madrileño abre un nuevo frente judicial entre el Gobierno central y la administración autonómica.
Desacato al requerimiento del Ministerio de Sanidad
La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, anunció públicamente este viernes la intención de la Comunidad de Madrid de no crear la base de datos de profesionales objetores al aborto. “Preferimos que sea un tribunal quien determine lo que corresponde antes que un Gobierno sectario”, afirmó Matute durante su visita a las obras del nuevo Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes.
El Ministerio de Sanidad había remitido un requerimiento formal a las comunidades de Madrid, Aragón e Illes Balears por no cumplir con la creación del registro, considerado una “obligación legal”. El Gobierno central otorgó un plazo de un mes para que estas comunidades respondieran al requerimiento o tomaran medidas para adaptarse a la normativa, conforme al artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Discrepancias sobre la protección de derechos
Desde la Comunidad de Madrid se insiste en que no se va a “señalar ni perseguir” a ninguna persona, sea cual sea su postura sobre el aborto. “Creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente”, subrayó la consejera de Sanidad, defendiendo la libertad de los profesionales sanitarios para ejercer la objeción de conciencia sin ser incluidos en un listado nominal.
- El Ministerio de Sanidad sostiene que el registro es necesario para garantizar tanto el derecho de las mujeres al aborto como la protección de los profesionales objetores.
- El Gobierno autonómico madrileño, por su parte, considera que se vulneran derechos fundamentales si se obliga a los profesionales a figurar en una base de datos.
Próxima cita en los tribunales
Tras el plazo de un mes concedido a las comunidades para justificar su situación, el Ministerio de Sanidad dispone ahora de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo. El objetivo sería que la justicia obligue a las comunidades autónomas a cumplir con la ley y a crear el registro, según ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García.
García ha señalado que “saltarse este procedimiento no solo vulnera los derechos de las mujeres, sino también los de los profesionales que quieren ejercer de forma activa e individual su derecho a la objeción de conciencia”.
Defensa autonómica de la autoorganización
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reivindicado la capacidad de autoorganización sanitaria de la Comunidad. “Con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos los artículos necesarios para proteger a nuestra población”, ha manifestado la consejera de Sanidad.
La controversia sobre el registro de objetores al aborto evidencia la compleja relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de competencias sanitarias y derechos fundamentales, anticipando un nuevo episodio judicial que podría sentar precedentes para el conjunto del Estado.
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