El Congreso aprueba la recuperación de los criterios de puntualidad de Renfe en la nueva Ley de Movilidad Sostenible
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a importantes enmiendas introducidas por el Senado en la Ley de Movilidad Sostenible, entre las que destaca la obligación de recuperar los criterios de puntualidad e indemnización de Renfe, modificados por el Ministerio de Transportes el pasado 1 de julio. Esta medida supone un regreso a las condiciones anteriores, en las que la empresa pública debía compensar económicamente a los viajeros por retrasos superiores a 15 minutos.
Cambios en las indemnizaciones por retrasos de Renfe
Hasta julio de 2025, Renfe reembolsaba el importe íntegro del billete para los trenes Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity en caso de retrasos superiores a 30 minutos, y el 50% para demoras de más de 15 minutos. Sin embargo, tras la reforma impulsada por el Ministerio de Transportes, la compañía solo devolvía el importe total si el retraso superaba los 90 minutos, y el 50% a partir de 60 minutos.
La enmienda que obliga a Renfe a volver a las condiciones anteriores fue impulsada por el Partido Popular y contó con el apoyo de Vox, ERC, Junts y Podemos. El objetivo es garantizar una mayor protección a los usuarios, aunque el Ministerio de Transportes advierte que esto podría situar a Renfe en desventaja frente a operadores privados como Ouigo e Iryo, que solo ofrecen compensaciones a partir de los 60 minutos de retraso.
Debate político y controversia sobre la competencia
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha calificado la medida de «demagógica y populista», argumentando que podría perjudicar la competitividad de la empresa pública frente a sus competidores internacionales. Renfe, por su parte, ha anunciado que estudiará la viabilidad legal para seguir aplicando las actuales condiciones de indemnización y ha pedido al Congreso que las obligaciones sean iguales para todos los operadores ferroviarios.
Desde el Ministerio se recuerda que fue el Partido Popular quien, en 2016, eliminó el compromiso de compensar con el reembolso total a los pasajeros del AVE Madrid-Sevilla por retrasos de cinco minutos, con el fin de armonizar los estándares de puntualidad.
Otras enmiendas relevantes en la Ley de Movilidad
El Congreso también ha respaldado, con el apoyo de diversos grupos políticos, otras enmiendas significativas en la nueva ley:
- Mantenimiento de las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del transporte estatal por autobús en el ámbito rural, una cuestión considerada clave por el Partido Popular durante la tramitación de la norma.
- Elaboración de un plan nacional de descarbonización del transporte marítimo.
- Supresión de la propuesta para modificar las etiquetas ambientales de los vehículos, impulsada inicialmente por ERC.
- Gratuidad del transporte público en las Islas Baleares y Canarias, gracias a una enmienda avalada por el Congreso.
- Medidas para optimizar el uso de la red eléctrica en la industria, promovidas por el PNV.
Sin embargo, otras propuestas del PP, como la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena y la eliminación de la fecha de cierre definitivo para las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, no lograron los apoyos necesarios para ser incluidas en la ley.
Críticas a la ley y posturas de los partidos
Durante el debate parlamentario, Vox, que intentó vetar la ley en el Senado, ha calificado la norma como la «ley de los ecopijos» y ha cuestionado que suponga una imposición de Bruselas sin generar nuevos derechos, sino restringiendo la movilidad a quienes no pueden acceder a vehículos eléctricos.
Desde Junts, la portavoz Miriam Nogueras ha argumentado que algunas enmiendas no resolvían los problemas específicos de las distintas comunidades autónomas y criticó la falta de diálogo con su grupo por parte del Partido Popular.
Grupos como ERC, Bildu y Sumar también han mostrado su desacuerdo con la enmienda sobre las centrales nucleares, que finalmente no prosperó.
Objetivos y compromisos de la nueva Ley de Movilidad Sostenible
La Ley de Movilidad Sostenible responde a los compromisos de España con la Comisión Europea, necesarios para la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Entre sus objetivos principales se encuentran:
- Descarbonizar el sector del transporte.
- Impulsar la digitalización en el ámbito de la movilidad.
- Reconocer la movilidad como un derecho ciudadano.
- Mejorar la eficiencia en el gasto público relacionado con el transporte.
La aprobación definitiva de la ley marca un hito en la política de movilidad en España, aunque su aplicación y los debates políticos en torno a la competencia y la equidad de las medidas seguirán generando discusión en los próximos meses.
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