El ICAM critica duramente la defensa del fiscal general García Ortiz en el Supremo
La última sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, estuvo marcada por la presentación de los informes finales de las partes ante el Tribunal Supremo. El proceso judicial se centra en la filtración de información reservada relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
- El ICAM critica duramente la defensa del fiscal general García Ortiz en el Supremo
- El debate en torno a la filtración de información sensible
- Acusaciones de alineación política
- Valoración de la declaración de los periodistas
- El ICAM tilda de autoincriminatoria la defensa de García Ortiz
- Otras acusaciones sobre la conducta del fiscal general
- Conclusión
El debate en torno a la filtración de información sensible
El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, abrió la jornada argumentando que la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía, en la que se incluían extractos literales de correos electrónicos confidenciales, no era necesaria para desmentir rumores, sino que constituía una declaración pública e institucional de confesión y culpabilidad. Según Rodríguez Ramos, este relato fue firmado y pronunciado por el propio Ministerio Fiscal.
El letrado también señaló que García Ortiz habría ocultado su participación en la filtración a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Según el testimonio de Lastra ante el tribunal, ella llegó a confrontar al fiscal general en una conversación telefónica, señalando que él o su equipo habían sido responsables de la filtración. García Ortiz, según esta versión, restó importancia al asunto.
Acusaciones de alineación política
Durante su intervención, Rodríguez Ramos sugirió la existencia de un alineamiento entre la Fiscalía y el Gobierno, afirmando que la actividad comunicativa de ambas instituciones era «idéntica» y que el caso había sido instrumentalizado políticamente. Destacó que la expresión «delincuente confeso» fue utilizada en reiteradas ocasiones tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contribuyendo a dañar la reputación de su cliente y a socavar la presunción de inocencia.
- El abogado denunció que González Amador fue «marcado» y utilizado como «moneda política».
- Insistió en que se produjeron daños personales y profesionales a su representado.
- Recriminó que el relato público apuntalado por el Gobierno afectó a la imparcialidad del proceso.
Valoración de la declaración de los periodistas
Rodríguez Ramos también puso en cuestión la declaración de los periodistas en el juicio, recalcando que sus testimonios deben ser valorados con «cautelas especiales» porque, amparados por el secreto profesional, no están obligados a revelar sus fuentes ni a contestar determinadas preguntas. Según el abogado, la valoración de estas declaraciones debe tratarse con el mismo nivel de precaución que las de los propios investigados, no como las de un testigo convencional.
El ICAM tilda de autoincriminatoria la defensa de García Ortiz
Ignacio de Luis, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que actúa como acusación popular, fue especialmente crítico con la estrategia de defensa de García Ortiz. Subrayó que la afirmación de que «hasta 600 personas» habrían podido acceder al expediente de González Amador solo debilita la posición de la Fiscalía, ya que trivializa la protección de la información confidencial.
De Luis también hizo referencia a las declaraciones políticas de García Ortiz, quien afirmó que «la verdad no se filtra, se defiende». Según el letrado del ICAM, esta afirmación constituye en sí misma una forma de autoincriminación, ya que sugiere que el fiscal general estaba justificando la filtración bajo el pretexto de defender la verdad. «Jurídicamente tiene un componente de autoincriminación muy singular», recalcó.
Otras acusaciones sobre la conducta del fiscal general
Por su parte, Fernando García, abogado de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, destacó como indicio de culpabilidad la actitud de García Ortiz durante la investigación, señalando que éste habría borrado mensajes de WhatsApp y cambiado de teléfono móvil. Además, subrayó que la nota de prensa publicada por la Fiscalía, que contenía información reservada, fue «larga y meditada», lo que a su juicio demuestra premeditación en los hechos.
Conclusión
La última sesión del juicio contra García Ortiz ha puesto de manifiesto las profundas discrepancias entre las partes y las críticas a la actuación del fiscal general, tanto por su posible implicación directa en la filtración como por la forma en que ha abordado su defensa. El Tribunal Supremo deberá ahora valorar los argumentos presentados antes de emitir su veredicto sobre un caso que ha generado gran repercusión mediática y política.
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