Intentos de archivo en el caso Duro Felguera: las presiones en la investigación por sobornos al régimen de Chávez
El caso por presuntos sobornos de la empresa española Duro Felguera al régimen venezolano de Hugo Chávez sigue revelando nuevas aristas, tras las recientes declaraciones del fiscal Anticorrupción José Grinda ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. La investigación, que ha salpicado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a otras figuras de la política española, ha puesto de manifiesto presuntas presiones para archivar el caso desde sectores vinculados al PSOE.
Presiones para archivar el caso
Durante su comparecencia ante el juez Arturo Zamarriego, el fiscal José Grinda relató que recibió presiones para archivar la causa de Duro Felguera, empresa acusada de pagar sobornos a altos cargos venezolanos para la adjudicación de una central termoeléctrica valorada en 1.500 millones de dólares. Según Grinda, un periodista le hizo llegar una oferta para un destino en el extranjero y la promesa de evitar procedimientos judiciales si colaboraba facilitando información contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y accedía a cerrar varios expedientes, entre ellos el de Duro Felguera.
La Audiencia Nacional confirmó en abril del año pasado el procesamiento de Duro Felguera, de su expresidente Juan Carlos Torres y de los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por su presunta implicación en el pago de comisiones ilegales desde la compañía asturiana a funcionarios del régimen chavista.
Argumentos y contexto de las presiones
Fuentes jurídicas consultadas señalan que el fiscal Grinda expresó su sorpresa ante el juez Zamarriego por la solicitud de archivar el caso Duro Felguera, ya que este procedimiento no guardaba relación con otros expedientes de corrupción investigados, como el conocido caso 3% en Cataluña. Según el propio Grinda, la inclusión de Duro Felguera en la lista de causas a archivar solo podría explicarse si existía un interés directo de algún implicado en el proceso, o bien si se pretendía confundir y mezclar diferentes casos judiciales.
Cabe recordar que en el caso Duro Felguera la acusación recae exclusivamente en la Fiscalía Anticorrupción, por lo que, de haberse retirado el fiscal Grinda, el procedimiento habría sido archivado automáticamente. Sin embargo, esa actuación podría constituir un delito de prevaricación.
Implicaciones de altos cargos españoles
La relevancia política del caso aumentó con la revelación de un informe secreto elaborado en 2010 por Hugo Carvajal, exjefe de la Inteligencia militar venezolana, conocido como ‘El Pollo’. En este documento, Carvajal informaba al entonces presidente Hugo Chávez de que las contrataciones con Duro Felguera se llevaron a cabo directamente con el exministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según el informe, estas operaciones pretendían reforzar las relaciones bilaterales entre España y Venezuela.
El informe también advertía de posibles irregularidades en la gestión de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), aunque especificaba que los contratos con empresas españolas, entre ellas Duro Felguera, se realizaron en el contexto de la Emergencia Eléctrica Nacional y bajo seguimiento directo de las máximas autoridades españolas.
Origen e investigación del caso
La investigación sobre Duro Felguera comenzó en 2015, tras una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), que detectó pagos sospechosos vinculados a clientes del Banco de Madrid. Entre los nombres identificados se encontraba el de Nervis Villalobos, ex viceministro venezolano, quien presuntamente habría recibido 50 millones de dólares por trabajos de asesoría de carácter oral.
A partir de ese hallazgo, las autoridades españolas profundizaron en los vínculos entre la empresa asturiana y el proyecto energético venezolano, así como en el papel de sus directivos en los pagos irregulares para la obtención del contrato de la central termoeléctrica. La compañía había comunicado en 2009 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la obtención de un contrato por valor de 1.500 millones de dólares en Venezuela.
Conclusión
El caso Duro Felguera continúa bajo la lupa judicial, rodeado de presiones, intereses cruzados y acusaciones de injerencia política. La investigación pone de relieve la compleja relación entre empresas españolas y el régimen venezolano, así como el posible impacto de estas tramas en la política nacional.
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