Los fiscales que denunciaron intentos de soborno confirman su versión ante el juez del ‘caso Leire’
El denominado «caso Leire» ha iniciado formalmente su instrucción judicial en Madrid con las primeras declaraciones clave. En el centro de la causa se encuentra la exmilitante del PSOE, Leire Díez, investigada por presuntas maniobras de presión e intentos de soborno a representantes de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ratificación de las denuncias por parte de los fiscales
Los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, conocidos por su papel en investigaciones de alto perfil como el caso 3% y el caso Villarejo, respectivamente, han comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. Ambos se han reafirmado en sus denuncias, admitidas recientemente como parte del proceso judicial, en las que detallan presuntos intentos de soborno por parte de Díez y sus colaboradores.
Según fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, tanto Grinda como Stampa mantuvieron su versión de los hechos y confirmaron la gravedad de las presiones recibidas.
El testimonio de José Grinda
La declaración del fiscal José Grinda, que se extendió durante una hora y media, giró en torno a un documento que le fue entregado por el periodista Pere Rusiñol, también investigado en la causa junto al empresario Javier Pérez Dolset y la propia Leire Díez. En dicho documento se le ofrecía a Grinda una reubicación profesional y el archivo de una demanda en su contra, a cambio de información comprometida sobre su superior, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.
Grinda relató que el escrito sugería que él estaba en posesión de pruebas sobre supuestas actuaciones delictivas de Luzón y que, en caso de hacerlas públicas, se lograría la destitución de este. Además, el documento hacía referencia al posible archivo de varias causas judiciales, argumentando que se habían originado por actuaciones abusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tras leer el documento, sin poder conservarlo ni fotografiarlo, Rusiñol le indicó que la persona que podría avalar dicho acuerdo era Leire Díez. Grinda aseguró desconocer el origen del documento y afirmó ante el juez que no sabe quién está detrás de la propuesta, aunque la versión del periodista apunta a Díez como figura central de la operación. Grinda también detalló que, según Rusiñol, en la fecha de su encuentro (25 de febrero de 2025), Díez seguía teniendo influencia dentro del PSOE.
El fiscal explicó que accedió a reunirse con Rusiñol porque mantenía una relación de amistad con él, aunque dicha amistad terminó tras los hechos, al considerar que el periodista no colaboró plenamente al no aportar el documento original. Grinda manifestó su confianza en que la investigación judicial aclare completamente los hechos.
Mensajes y apoyos políticos
Durante la sesión, la defensa de Rusiñol presentó mensajes para demostrar que su cliente actuó como periodista. Grinda reconoció que Rusiñol buscó confirmar una información tras su cita, y también se refirió a mensajes donde solicitaba ayuda al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al fiscal general Álvaro García Ortiz para poder declarar en la comisión del Congreso sobre la Operación Cataluña.
Declaración de Ignacio Stampa
El fiscal Ignacio Stampa también se reafirmó en su denuncia, que se refiere a un encuentro mantenido con Leire Díez y Javier Pérez Dolset. Durante esta reunión, ambos le preguntaron si conocía irregularidades referentes a los fiscales Luzón y Grinda, así como al exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Stampa declaró que, el 30 de abril, una persona de su confianza le trasladó el supuesto interés del Gobierno en disculparse por el trato recibido durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en 2020. Esta reunión, grabada por el propio fiscal y que será presentada en sede judicial, iba a contar con la presencia del empresario Pérez Dolset y del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en nombre del Gobierno. Aunque Cerdán no acudió, según las fuentes jurídicas, Díez aseguró que le mantendría informado.
En el encuentro, Dolset enmarcó la conversación en la reacción gubernamental a la imputación de Begoña Gómez, afirmando que el presidente había dado orden de «limpiar sin límite» y que era necesario revertir la situación «caiga quien caiga». Stampa denunció que tanto Díez como Dolset mencionaron al presidente del Gobierno en numerosas ocasiones y que trasladaron la preocupación del Ejecutivo por ciertas investigaciones, incluyendo referencias a supuestas redes de negocios vinculadas a familiares del presidente.
Stampa consideró de «extrema gravedad» que desde el Gobierno se intentara influir o presionar a miembros de la Fiscalía, calificando la situación como un ataque a la independencia judicial.
Otros testigos y próximas declaraciones
Tras escuchar a los dos fiscales, el juez tomó declaración al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, para determinar si Díez le ofreció protección a cambio de información sobre la institución.
La instrucción continuará el próximo martes, cuando está previsto que comparezcan los tres principales imputados y representantes de las siete acusaciones populares y particulares personadas en la causa: Vox, PP, Iustitia Europa, Hazte Oír, la asociación profesional ASESGC, el exmagistrado Manuel García-Castellón y el supuesto comisionista Víctor de Aldama.
Contexto y repercusiones
El caso Leire ha generado gran expectación mediática y política, por la implicación de figuras relevantes tanto del ámbito judicial como del político, y por las acusaciones de intento de injerencia en investigaciones sensibles para el Gobierno. El avance de la instrucción y las próximas comparecencias serán determinantes para esclarecer responsabilidades y el alcance de las presuntas maniobras descritas por los fiscales.
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