El juez Moreno ya dispone del informe de la UCO que implica al ministro Ángel Víctor Torres en la trama Koldo
El magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha recibido esta mañana el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica al actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el caso conocido como la trama Koldo.
Detalles del informe y posibles consecuencias judiciales
Fuentes jurídicas han confirmado que este documento, remitido por la UCO, expone el papel relevante de Torres en el proceso de contratación con empresas vinculadas a la trama investigada. Según dichas fuentes, el informe pone de manifiesto el especial interés del entonces presidente canario en formalizar acuerdos con los empresarios investigados, a pesar de las reticencias mostradas por varios funcionarios del Gobierno autonómico.
Las comunicaciones recogidas y analizadas por la UCO reflejan cómo numerosos empleados públicos se opusieron a cerrar contratos con empresas de la trama Koldo, pese a la insistencia del actual ministro. Si el juez Moreno considera que el contenido del informe aporta indicios suficientes de delito, podría solicitar al Tribunal Supremo la imputación formal de Torres mediante la presentación de una exposición razonada.
Antecedentes y comunicaciones clave en la investigación
Ángel Víctor Torres fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, antes de incorporarse como ministro al Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez. Informes previos de la UCO ya habían señalado la presunta implicación de Torres en la red corrupta. Entre las pruebas aportadas destacan mensajes de WhatsApp fechados en agosto de 2020 entre el empresario Víctor de Aldama y Koldo García, asesor de José Luis Ábalos por entonces. En esas conversaciones se menciona a Torres como interlocutor clave para la adjudicación de contratos en Canarias.
Pocos días después, Koldo García habría enviado un audio al entonces presidente canario, sugiriendo propuestas relativas al suministro de material sanitario. Además, Torres reconoció en el Senado haber participado en el pago de cinco millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por la compra de mascarillas defectuosas, operación en la que medió Koldo García.
Correos electrónicos internos de la administración revelan que Torres contactó telefónicamente con el empresario Íñigo Rotaetxe en julio de 2020 para abordar problemas relacionados con certificaciones. También se le vincula con la gestión de la compra de tests COVID con Víctor de Aldama antes de que estos fueran obligatorios para turistas.
Declaraciones y testimonios relevantes
Uno de los testimonios más destacados es el de Víctor de Aldama, quien, en su declaración voluntaria ante el juez Moreno el pasado 21 de noviembre de 2024, afirmó que Koldo García le había transmitido una supuesta petición de comisión de 50.000 euros por parte de Torres, relacionada con contratos de mascarillas y otros suministros en el archipiélago. Aldama aseguró haberse negado a pagar dicha comisión y relató que mantenía comunicaciones directas y una relación personal con Torres, derivada de negocios vinculados al suministro sanitario.
- Contrato de 12,3 millones de euros adjudicado al Gobierno de Canarias en 2020.
- Adjudicación de tests PCR y mascarillas defectuosas como supuestos favores a la trama.
- Mensajes y conversaciones entre Aldama, Koldo y Torres que refuerzan la conexión.
Respaldo político y situación actual
En enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Tenerife para clausurar el congreso regional del PSOE de Canarias. Durante el acto, mostró públicamente su apoyo a Ángel Víctor Torres, recientemente reelegido secretario general del partido en las islas, en pleno auge de las informaciones que le vinculan con la trama Koldo.
Sánchez defendió a Torres calificándolo de «político ejemplar e imbatible» y denunció que es víctima de una campaña de descrédito basada, según sus palabras, en «mentiras y bulos».
La evolución del caso quedará en manos del magistrado Moreno, que deberá valorar si los indicios recogidos por la UCO justifican una investigación formal por parte del Tribunal Supremo al actual ministro de Política Territorial.
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