Trabajadora de Ferraz contradice al PSOE sobre pagos en efectivo y niega retirada de 550.000 euros desde 2021
En medio de la investigación judicial por la denominada trama Koldo, la versión oficial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre la gestión de sus gastos internos ha sido puesta en entredicho. Celia Rodríguez, trabajadora de la sede de Ferraz, ha declarado ante el Tribunal Supremo que, desde el año 2021, el partido dejó de abonar gastos en efectivo y comenzó a realizar transferencias bancarias, en contraste con la información presentada por la formación política.
El contexto de la investigación
El PSOE había entregado recientemente al magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, un informe detallando retiradas de efectivo del banco entre 2017 y 2024. Según ese documento, se extrajeron en total 940.000 euros supuestamente destinados a liquidar gastos del exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, el exsecretario de Organización Santos Cerdán y otros miembros del equipo de Secretaría de Organización. De esa cifra, la versión oficial sostiene que entre 2021 y 2024 se retiraron 550.000 euros para dichos pagos.
Declaraciones ante el Supremo
Sin embargo, fuentes jurídicas han confirmado que, durante su declaración, Celia Rodríguez negó haber gestionado pagos en efectivo desde 2021. Explicó que su función consistía en cumplimentar los formularios de liquidaciones de gastos, que posteriormente eran firmados por Ábalos y enviados a Administración. Una vez verificados y con el dinero disponible, era avisada para retirar y repartir el efectivo. Según Rodríguez, este procedimiento era habitual antes de 2021, pero posteriormente se habría sustituido por transferencias bancarias.
Fiscalía repregunta sobre los pagos en efectivo
Durante la sesión, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, insistió en aclarar si entre 2021 y 2024 se mantuvieron los pagos en efectivo, especialmente en el caso de Santos Cerdán. Rodríguez reconoció haber realizado liquidaciones a Cerdán, pero afirmó no recordar que se hubieran hecho en metálico durante ese periodo, ni tampoco tener constancia de pagos en efectivo realizados el año anterior.
El rol del exgerente del PSOE
Por su parte, Mariano Moreno, exgerente del partido, explicó que los pagos desde la caja correspondían principalmente a liquidaciones y compensaciones por gastos de viajes y actividades. Solo de manera excepcional y en casos de urgencia se realizaban pagos a proveedores en efectivo, respetando siempre los límites legales. Moreno justificó este sistema como parte de la cultura organizativa de la Comisión Ejecutiva Federal, argumentando que muchos empleados anticipaban gastos por actividades y desplazamientos, y preferían regularizarlos directamente en la sede de Madrid.
Controles internos y cuestionamientos judiciales
El magistrado Puente puso en duda la eficacia del control interno del partido, preguntando por qué no se gestionaban directamente los pagos a través del banco en vez de recurrir a efectivo. Moreno respondió que el sistema ya existía antes de su llegada a la gerencia y que respondía a la operativa interna del partido.
En cuanto a la comprobación de los gastos, Moreno admitió que en Ferraz se revisaban tickets y facturas para asegurar su validez formal, pero reconoció que no se verificaban detalles como comidas, kilometraje o viajes. El juez consideró insuficiente este nivel de control, señalando que no parecía un procedimiento efectivo.
Evolución de los sistemas de control
Moreno concluyó que los mecanismos de control están en constante evolución y que recientemente se han introducido cambios en el sistema de pagos. El magistrado, no obstante, recordó que exigir una mínima comprobación de los gastos es una práctica elemental y no depende de avances tecnológicos.
- La investigación judicial sigue en curso para esclarecer la gestión interna de los fondos del partido.
- La contradicción entre la versión oficial del PSOE y el testimonio de Celia Rodríguez plantea nuevos interrogantes sobre el uso de efectivo en la organización.
- El control interno y la transparencia en la rendición de cuentas permanecen en el centro del debate político y judicial.
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