El Congreso inicia la tramitación de una ley del PP sobre la Fiscalía gracias a la abstención de Junts
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) que busca modificar el sistema de nombramiento del responsable de protección de datos en el Ministerio Fiscal. La iniciativa ha salido adelante gracias a la abstención de Junts per Catalunya, apenas un día después de que este grupo anunciara la ruptura de su apoyo al PSOE.
Una votación marcada por la coyuntura política
La proposición de ley del PP, respaldada también por Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), se ha sometido a votación en un contexto político convulso. Junts, que recientemente rompió su alianza con el PSOE, optó por la abstención, permitiendo así que la iniciativa superara su primer trámite parlamentario. Coalición Canaria también se abstuvo, mientras que los partidos del Gobierno y sus habituales socios votaron en contra.
Este debate coincide con dos acontecimientos relevantes: por un lado, la inminente comparecencia judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar supuestamente información privada sobre la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso; por otro, la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que plantea trasladar la instrucción de los casos a los fiscales.
Contenido y objetivos de la propuesta del PP
La iniciativa popular pretende revertir una modificación previa introducida por la ley de eficiencia, que otorgó al fiscal general del Estado la potestad exclusiva de nombrar al responsable de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal. El PP plantea que este cargo vuelva a ser elegido por mayoría absoluta del Consejo Fiscal, como se establecía originalmente.
El PP argumenta que la normativa vigente supone una «aberración» contraria tanto a la Constitución como al derecho europeo, y la califica de «burla política», especialmente al considerar la situación judicial del actual fiscal general.
Cruce de críticas y posiciones enfrentadas
Durante el debate, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de intentar perpetuarse en el poder a toda costa y de socavar la independencia judicial, extendiendo sus críticas a la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.
Gamarra cuestionó la imparcialidad del fiscal general, sugiriendo que, de depender la investigación de la propia Fiscalía, no habría prosperado la causa judicial en su contra. La diputada también hizo referencia a investigaciones abiertas contra familiares del presidente del Gobierno.
Por su parte, Junts criticó al PP por su estrategia política y acusó tanto a populares como al Gobierno de blindar la Fiscalía como un instrumento al servicio del Ejecutivo. El portavoz de Junts, Josep Pagès i Massó, denunció lo que denominó «ley Bolaños», que, según su valoración, perpetúa la dependencia de la Fiscalía respecto al poder gubernamental.
Vox, aunque votó a favor, reprochó al PP que su propuesta se centre en un aspecto secundario y no aborde de raíz la dependencia de la Fiscalía respecto al fiscal general, es decir, del Gobierno. El diputado de Vox José María Sánchez García protagonizó un momento de tensión durante el debate por el modo en que se dirigió a las diputadas.
Reacciones de los grupos contrarios a la ley
Los partidos que votaron en contra, como el PSOE, Sumar, PNV y ERC, coincidieron en criticar el momento elegido por el PP para presentar la proposición, interpretando que responde a intereses políticos relacionados con el juicio contra el fiscal general. No obstante, PNV y ERC manifestaron compartir algunas críticas sobre el actual sistema de protección de datos en la Fiscalía, aunque no respaldaron la iniciativa popular.
Desde el PNV, el diputado Mikel Legarda recordó al PP que no recurrió ante el Tribunal Constitucional la modificación legal que ahora quiere revertir, a diferencia de otras disposiciones que afectan a la foralidad vasca.
Próximos pasos y clima de tensión política
La proposición de ley inicia así su andadura parlamentaria, en un contexto de máxima tensión política y con la cuestión de la independencia de la Fiscalía en el centro del debate. El resultado de la tramitación dependerá de las negociaciones y del clima político de las próximas semanas.
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