Israel capta fondos en Irlanda y Luxemburgo para financiar ofensiva en Gaza

Israel recurre a Irlanda y Luxemburgo para financiar su guerra en Gaza

Israel ha encontrado en Irlanda y Luxemburgo, dos de los principales centros financieros de la Unión Europea, apoyo clave para obtener fondos destinados a sufragar su ofensiva militar en la Franja de Gaza. Este respaldo se materializa a través de la emisión de los denominados «bonos de la diáspora», un instrumento financiero que el Estado israelí emplea desde 1951 y que, en los últimos años, ha vuelto a cobrar protagonismo debido a la escalada del conflicto.

Los bonos de la diáspora: una herramienta histórica de financiación

Los bonos de la diáspora son emisiones de deuda dirigidas principalmente a las comunidades judías repartidas por el mundo. Suelen tener un valor nominal inferior a los 1.000 euros, lo que facilita la participación de pequeños inversores. Según datos del Ministerio de Finanzas de Israel, en 2024 estos bonos permitieron recaudar 2.410 millones de euros, cifra destinada a financiar parte del presupuesto estatal, incluidas operaciones militares.

Del Reino Unido a Irlanda y Luxemburgo: el papel de los supervisores europeos

Para comercializar estos bonos en la Unión Europea, Israel requiere que un Estado miembro actúe como país de origen de la emisión. Hasta la salida del Reino Unido de la UE, este país desempeñaba ese rol. Posteriormente, Irlanda asumió la responsabilidad, pero en 2024 Israel solicitó al Banco Central irlandés transferir esta competencia a Luxemburgo. El 1 de septiembre, la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) luxemburguesa aprobó la operación, generando un intenso debate político y social.

Las protestas que anteriormente se centraban en Irlanda se trasladaron a Luxemburgo, extendiéndose tanto a la calle como al Parlamento. Los partidos de la oposición acusaron al Gobierno y al supervisor financiero de apoyar, en la práctica, una política que el propio país ha condenado verbalmente. Cabe recordar que Luxemburgo reconoció al Estado de Palestina en septiembre de 2024.

Debate político y jurídico en Luxemburgo

Ante la controversia, la CSSF solicitó orientación al Ministerio de Asuntos Exteriores luxemburgués, pidiendo ser informada de cualquier cambio en la postura oficial respecto a Israel que pudiera justificar una revisión de su decisión. La CSSF defendió la independencia de su actuación, subrayando que solo puede rechazar un folleto de emisión de bonos si no cumple los requisitos formales, si el emisor está sancionado por la UE o si existen medidas restrictivas nacionales vigentes. El Gobierno luxemburgués, por su parte, aseguró no tener competencias para intervenir en las decisiones del supervisor financiero.

Sin embargo, el ministro de Exteriores, Xavier Bettel, reconoció que la aprobación de los bonos podría contribuir «indirectamente» a la financiación de la guerra en Gaza. Una moción del Partido Socialista Obrero Luxemburgués (LSAP) para calificar como crímenes de guerra las acciones israelíes y revocar la autorización de los bonos fue rechazada en el Parlamento por 40 votos frente a 20.

Justificaciones y reacciones internacionales

El Ministerio de Finanzas de Israel defendió que el traslado de la supervisión de Irlanda a Luxemburgo era un «paso natural», dada la colaboración previa con el Gran Ducado en programas de deuda soberana negociable. Los bonos emitidos en euros se comercializan en Austria, Alemania, Francia, Luxemburgo y Países Bajos, aunque no en Irlanda ni en España. La transferencia de la competencia es temporal y está prevista hasta septiembre de 2026; después, podría retornar a Irlanda o a otro Estado miembro, según las necesidades israelíes.

Irlanda, que reconoció al Estado palestino en mayo de 2024 junto con Noruega y España, se vio obligada a explicar la decisión de transferir la competencia a Luxemburgo. El gobernador del Banco Central irlandés, Gabriel Makhlouf, argumentó que no existía fundamento legal para rechazar la solicitud israelí, especialmente tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024, que determinó que la ocupación de los territorios palestinos «no es una ley» y, por tanto, no obliga al organismo irlandés a actuar en consecuencia.

Advertencias de expertos y organizaciones de derechos humanos

Juristas de la organización Law for Palestine, con sede en el Reino Unido y Suecia y acreditada por el Comité de la ONU sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, han expresado serias objeciones a la acogida de los bonos israelíes en la UE. Según su análisis, la aprobación del folleto por parte de Luxemburgo no solo activa su responsabilidad internacional, sino que lo convierte en «cómplice» de posibles «actos internacionales ilícitos». Consideran que facilitar la emisión de estos bonos equivale a prestar una «ayuda o asistencia prohibidas» por el derecho internacional.

• Luxemburgo está obligado por la Convención sobre el Genocidio y la opinión de la Corte Internacional de Justicia a usar todos los medios razonables a su alcance para prevenir crímenes graves.
• Negar la emisión de bonos sería, según los expertos, un mecanismo claro y efectivo de presión económica.
• Ningún otro interés estatal, ni el cumplimiento de leyes internas ni compromisos internacionales, puede justificar la asistencia en la comisión de ilícitos graves.

De acuerdo con los juristas de Law for Palestine, Luxemburgo incurriría en una «manifiesta falta de diligencia debida» si las actividades financiadas con estos bonos incluyeran acciones susceptibles de ser calificadas como genocidio. Además, advierten que la CSSF podría estar incumpliendo su deber de proteger a empresas e inversores ante potenciales responsabilidades futuras como facilitadores de violaciones al derecho internacional.

Perspectivas y futuro de la financiación israelí en la UE

El debate sobre la responsabilidad de los centros financieros europeos en la financiación de conflictos internacionales sigue abierto. La transferencia temporal de la emisión de bonos israelíes a Luxemburgo ha puesto de manifiesto las tensiones entre la normativa financiera, la política exterior y el respeto a los derechos humanos en la Unión Europea. Organizaciones y expertos insisten en la necesidad de mayor vigilancia y de mecanismos que garanticen que los flujos financieros no contribuyan a la comisión de crímenes internacionales.