Desmantelada una trama de abandono deliberado de menores en Cataluña
La Policía Nacional ha desarticulado una red que operaba en Tarragona, dedicada al abandono sistemático de menores en las inmediaciones de comisarías y organismos públicos con el objetivo de beneficiarse del sistema de protección social. Las investigaciones han culminado con la detención de 30 personas y la identificación de un patrón delictivo que ha defraudado cerca de 1,6 millones de euros a la Seguridad Social, correspondientes a los gastos generados por la tutela de estos menores por parte de la Generalidad de Cataluña.
- Desmantelada una trama de abandono deliberado de menores en Cataluña
- Modus operandi: aprovechamiento del sistema de protección social
- Alcance de la investigación y consecuencias
- Irregularidades en la gestión de fondos públicos
- Pagos irregulares y plazas fantasma
- Reacciones y medidas institucionales
- Conclusión
Modus operandi: aprovechamiento del sistema de protección social
Según fuentes policiales, la mayoría de las familias implicadas procedían de Marruecos y Argelia. Accedían a España utilizando visados de turismo que les permitían desplazarse por la Unión Europea durante tres meses. Una vez en territorio español, instruían a sus hijos, menores de edad, para que se declarasen en situación de desamparo, lo que activaba automáticamente el protocolo de protección y asumía la administración autonómica su tutela.
- En algunos casos, las familias, con niveles de ingresos medios o altos, regresaban a sus países tras abandonar a los menores, y posteriormente acudían a visitas programadas con ellos.
- En otros, los progenitores permanecían en España en situación irregular, limitando el contacto con sus hijos a llamadas telefónicas.
Esta práctica no solo facilitaba la acogida de los menores por parte del sistema, sino que también abría la puerta a la obtención de permisos de residencia y a procesos de reunificación familiar.
Alcance de la investigación y consecuencias
La investigación, iniciada en noviembre de 2023 por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional, ha contado con la colaboración de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de Cataluña. Hasta la fecha, se han detectado 124 casos de menores utilizados de manera similar, y 22 de ellos han sido devueltos a sus familias tras determinarse que no existía una situación real de vulnerabilidad.
La alarma social sobre la gestión de los menores no acompañados creció tras la denuncia de un trabajador social y el caso de la violación de una niña de 12 años bajo custodia de la administración autonómica. Estos hechos pusieron en el foco a la DGAIA y a varias fundaciones responsables de la gestión y tutela de estos menores.
Irregularidades en la gestión de fondos públicos
Diversos informes de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y de la Oficina Antifraude han señalado múltiples irregularidades económicas en la gestión de la atención a menores no acompañados entre 2016 y 2020, durante los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra. Según estos informes:
- Se adjudicaron contratos sin licitación a fundaciones agrupadas bajo la denominada «Plataforma Educativa», algunas de ellas vinculadas a responsables políticos de ERC.
- Se destinaron al menos 98 millones de euros en contratos de emergencia y 86 millones adicionales en prórrogas automáticas no justificadas.
- Dirigentes de la DGAIA se reincorporaron posteriormente a fundaciones investigadas por estas prácticas.
Casos concretos como el de la Fundación FASI, que alquilaba pisos a través de una inmobiliaria propia para menores tutelados, también han sido objeto de investigación. Entre 2012 y 2015, FASI pagó 1,5 millones de euros en concepto de alquileres a su propia inmobiliaria, con rentas mensuales de hasta 5.000 euros.
Pagos irregulares y plazas fantasma
La Sindicatura de Cuentas identificó también el pago por plazas vacías, conocidas como «plazas fantasma», así como la continuidad en el cobro de ayudas públicas por parte de jóvenes ya emancipados, debido a errores administrativos.
Reacciones y medidas institucionales
El reciente caso de abandono deliberado de menores, el primero en el que la administración no está directamente implicada, ha intensificado el debate sobre la gestión de los recursos públicos y la eficacia de los controles en el sistema de protección a la infancia. Como respuesta, el gobierno catalán ha optado por cambiar la denominación de la DGAIA, que ahora pasa a llamarse Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), en un intento de marcar distancia con los escándalos previos.
Conclusión
El caso destapado en Tarragona ilustra la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los menores no acompañados y los fondos públicos destinados a su protección. Tanto las prácticas fraudulentas detectadas como las irregularidades administrativas previas subrayan la importancia de una supervisión rigurosa para evitar la instrumentalización de los sistemas de atención social y proteger realmente a los menores en situación de vulnerabilidad.
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