El Gobierno minimiza el ultimátum de Junts y reta a Puigdemont
La tensión entre el Gobierno central y Junts per Catalunya ha vuelto a escalar tras el último aviso lanzado por la portavoz de la formación independentista, Míriam Nogueras, durante la sesión de control en el Congreso. A pesar de las exigencias y advertencias públicas, desde Moncloa se resta importancia al ultimátum de Junts y se responde con un desafío directo a Carles Puigdemont y su entorno.
Exigencias de Junts encallan en la Comisión de Justicia
Uno de los puntos clave en la agenda de Junts es la reforma sobre la multirreincidencia, un asunto que permanece bloqueado en la Comisión de Justicia del Congreso. La formación catalana considera esta reforma prioritaria y ha instado al Gobierno a desbloquear su tramitación, advirtiendo sobre la posibilidad de retirar su apoyo parlamentario si no se atienden sus demandas.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo aclaran que la propuesta sigue sobre la mesa y podría integrarse en una futura negociación presupuestaria. No obstante, recalcan que este tipo de exigencias forman parte de la dinámica habitual de Junts, destinada más a marcar perfil político y generar titulares que a poner en verdadero riesgo la estabilidad de la legislatura.
Respuesta desde Moncloa: desafío y desdramatización
A pesar de la contundencia del mensaje de Nogueras, el Gobierno ha optado por minimizar el conflicto. La reacción oficial ha sido considerar el ultimátum como un «juego de palabras» carente de consecuencias reales. Además, fuentes gubernamentales han lanzado un reto directo a Junts: si realmente pretenden desestabilizar la legislatura, que presenten una moción de censura.
Desde el entorno de Carles Puigdemont, no obstante, se descarta por ahora recurrir a esa vía. La estrategia de Junts parece centrarse en mantener la presión para obtener avances concretos en sus principales demandas, sin llegar a romper abiertamente con el Gobierno.
Advertencias y repliegue del Gobierno
La intervención de Míriam Nogueras en el hemiciclo estuvo marcada por un tono de advertencia: «Habría que hablar menos de cambios de horarios y empezar a hablar de la hora del cambio», señaló, en alusión a que el tiempo del Ejecutivo se agota. Pedro Sánchez, por su parte, evitó responder directamente a la amenaza y reiteró su propuesta para eliminar el cambio horario, un asunto presentado a principios de la semana para desviar la atención de las polémicas judiciales que afectan tanto al Gobierno como al PSOE y al propio presidente.
En Moncloa se interpreta el discurso de Junts como parte de su estrategia mediática habitual, orientada a ejercer presión y mantener presencia en el debate público, pero sin implicar necesariamente un peligro inmediato para la continuidad del pacto de investidura.
Otras reivindicaciones pendientes
Además de la reforma sobre multirreincidencia, Junts mantiene otras reclamaciones sobre la mesa, algunas de ellas aún sin materializar pero con la voluntad del Gobierno de avanzar en las negociaciones:
- Reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea.
- Cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña.
- Aplicación de la amnistía política para Carles Puigdemont.
El Ejecutivo insiste en que estos asuntos siguen en proceso de diálogo y que existe disposición para acordar avances, aunque por el momento no se han concretado compromisos definitivos.
Una fecha clave en el horizonte
Mientras el Gobierno trata de contener la alarma y niega que exista una verdadera amenaza a la legislatura, desde Junts recalcan que su advertencia no es solo escenificación política. La formación independentista ha fijado el 21 de diciembre como una fecha decisiva, en la que revisarán su posición respecto al pacto de investidura con el PSOE y decidirán si mantienen o retiran su apoyo al Ejecutivo.
En este contexto, la relación entre el Gobierno y Junts afronta una etapa de máxima incertidumbre, con negociaciones abiertas y un clima político marcado por la desconfianza y el pulso constante en el Parlamento.
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