Bruselas obliga a España a suavizar las normas verdes de la PAC tras presión agrícola

Bruselas fuerza al Gobierno a relajar las exigencias ambientales de la PAC

El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, se ve obligado a modificar su estrategia ambiental tras la presión creciente de Bruselas y las protestas del sector agrario. Las recientes modificaciones en la Política Agraria Común (PAC) suponen un giro significativo respecto a la agenda climática que el Ejecutivo había defendido como pilar de su gestión.

Rectificación de la agenda verde ante la presión europea y del sector

Tras años de impulsar políticas bajo el concepto de «emergencia climática», el Ejecutivo ha debido reconsiderar varias de sus medidas más restrictivas. El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que modifica aspectos clave de la PAC. Aunque el Gobierno presenta estos cambios como simples «mejoras técnicas», en realidad responden a exigencias de la Comisión Europea y al malestar manifestado por agricultores y comunidades autónomas.

Principales cambios en la normativa agraria

• Eliminación de la cubierta vegetal obligatoria: Se suprime la obligación de mantener en verano al menos un 20% de cubierta vegetal en cultivos leñosos, una medida que resultaba inviable en muchas zonas de secano y especialmente gravosa en años de sequía.
• Simplificación de los ecorregímenes: Se reducen los requisitos burocráticos y se establece un porcentaje único del 7% de espacios de biodiversidad para explotaciones mixtas, facilitando el acceso a las ayudas y reduciendo la carga administrativa para los productores.
• Reconocimiento de los sistemas agrivoltaicos: Por primera vez, se consideran admisibles para las ayudas de la PAC los proyectos que combinan generación fotovoltaica y uso agrícola del suelo. No obstante, los criterios técnicos para su implementación aún están pendientes de definición por parte del Ministerio.
• Ajustes en los programas sectoriales: Se introducen modificaciones en la gestión de los fondos destinados a frutas, hortalizas y vino, junto con una redistribución presupuestaria entre comunidades autónomas para mejorar la ejecución de los recursos disponibles.

Contexto de las reformas y reacción del sector

Estos cambios llegan tras meses de protestas y movilizaciones del sector agrario, que ha denunciado el impacto económico y operativo de las exigencias ambientales impuestas en los últimos años. La Comisión Europea ya había advertido a España sobre la necesidad de adaptar su plan estratégico a modelos más flexibles, vigentes en otros países europeos, y finalmente ha impuesto una relajación de los requisitos.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presentado el nuevo decreto como un avance hacia una PAC «más justa y eficiente». Sin embargo, la realidad es que el Gobierno ha debido ceder ante la presión combinada de Bruselas, las administraciones autonómicas y el creciente descontento rural.

Implicaciones políticas y económicas

En un contexto marcado por la crisis de precios y el aumento del malestar en el ámbito rural, el Ejecutivo ha optado por rebajar las exigencias ambientales que en el pasado consideraba imprescindibles. Además, se incrementan las subvenciones públicas al sector primario, aunque sin abordar aún reformas estructurales que permitan una mayor productividad y competitividad en el campo español.

Estas modificaciones reflejan la compleja relación entre las políticas climáticas, las directrices europeas y las necesidades reales del sector agrícola, en un momento en que la adaptación y el consenso se vuelven imprescindibles para garantizar la viabilidad del campo y el cumplimiento de los objetivos ambientales.