El Gobierno cuestiona la prisión preventiva de Cerdán tras la libertad de Ábalos
El Gobierno español observa con alivio provisional la reciente decisión del Tribunal Supremo de no dictar prisión preventiva para el exministro José Luis Ábalos, mientras persiste la preocupación por la situación judicial de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Esta coyuntura ha generado debate interno sobre el uso y justificación de la prisión provisional en casos de relevancia política.
Máxima cautela desde Moncloa
Durante la mañana en la que se esperaba la decisión judicial sobre Ábalos, fuentes de Moncloa transmitieron un mensaje de “máxima tranquilidad”, subrayando que el proceso judicial aún está en curso. No obstante, desde el Ejecutivo se apuntaba que, en esta fase, la medida de prisión provisional “carece de mucho sentido”, marcando distancia respecto a la situación de Cerdán.
La inquietud se mantiene en el seno del grupo socialista, pendiente de las próximas acciones de Ábalos respecto a su escaño en el Congreso. Su decisión podría tener repercusiones en la ya ajustada aritmética parlamentaria que sostiene al actual Gobierno.
Reacciones ante las nuevas informaciones
En relación a los recientes hallazgos sobre sobres con dinero en efectivo y las acusaciones que pesan sobre Ábalos, fuentes del PSOE califican estos datos de “llamativos”, aunque insisten en que no les ha sorprendido. Subrayan que la dirección actuó con rapidez tras conocer el auto judicial, defendiendo que solo pasaron “unas horas” hasta que se tomaron medidas tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que vincula a Santos Cerdán con supuestas comisiones derivadas de adjudicaciones irregulares de obras públicas.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la respuesta oficial del partido se limitó a declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien pidió “perdón” a la ciudadanía y reconoció que “no debieron confiar en él”.
Preocupación por la prisión preventiva de Cerdán
En privado, miembros del Gobierno reconocen que un eventual ingreso en prisión de Ábalos supondría un golpe significativo para el PSOE, especialmente tras el encarcelamiento preventivo de Cerdán. Esta circunstancia ha generado cierto recelo en el Ejecutivo, que observa con cautela el tiempo que Cerdán lleva en prisión preventiva y espera que la medida esté respaldada por indicios sólidos que lo relacionen con la causa judicial.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha pedido evitar especulaciones sobre el caso, mientras que la ministra Diana Morant ha reiterado que “quien la haga que la pague”. Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso ha solicitado que “todo este proceso acabe cuanto antes” para evitar daños adicionales al partido y al Gobierno.
Implicaciones políticas de la decisión de Ábalos
Aunque el Tribunal Supremo ha optado por dejar en libertad a Ábalos, la dirección socialista sigue atenta a su decisión sobre el mantenimiento de su acta de diputado. La preocupación se acentúa debido a la fragilidad de la mayoría parlamentaria. Desde el Gobierno se insiste en que la eventual salida de Ábalos no supondría una pérdida significativa, recordando que su voto “nunca ha sido imprescindible”.
Sin embargo, la realidad parlamentaria es más compleja. En numerosas ocasiones, votaciones clave se han resuelto por márgenes muy estrechos, de uno o dos votos, y la presencia de Ábalos ha resultado determinante. Ejemplo de ello fueron la reciente aprobación del decreto sobre el embargo de armas y la ley de movilidad sostenible, donde su apoyo fue crucial ante la falta de consenso entre los socios del Ejecutivo.
Conclusión
La situación judicial de destacados miembros del PSOE, sumada a la incertidumbre sobre la estabilidad parlamentaria, mantiene en vilo al Gobierno. El caso pone sobre la mesa el debate acerca de la utilización de la prisión preventiva en casos de corrupción política y añade presión sobre el Ejecutivo para gestionar con cautela las consecuencias políticas y judiciales de estos escándalos.
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