El Gobierno intensifica su ofensiva sobre el aborto y busca movilizar el voto femenino frente a las divisiones internas del PP
El Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha reforzado su estrategia de confrontación política y judicial en torno al derecho al aborto, aprovechando las discrepancias internas en el Partido Popular (PP) para posicionarse como defensor de los derechos de las mujeres y tratar de recuperar el apoyo femenino en las urnas.
Blindaje constitucional y presión sobre las comunidades autónomas
El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo al iniciar la tramitación para incluir el derecho al aborto en la Constitución española. Paralelamente, el Gobierno ha lanzado un requerimiento formal a aquellas comunidades autónomas que todavía no han puesto en marcha el registro de médicos objetores, con la advertencia de que, de no hacerlo en el plazo de un mes, acudirá a la vía judicial.
Aunque varias regiones gobernadas por el PP, como Illes Balears y Aragón, tampoco cumplen con esta obligación, la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ha sido la única en expresar abiertamente su rechazo a la medida. Andalucía, por su parte, ha señalado que el registro está en fase de tramitación.
El liderazgo de Ayuso, en el centro del debate
La confrontación directa con Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un elemento recurrente para el Gobierno, que considera a la presidenta madrileña como la auténtica cabeza visible del PP en temas sensibles como el aborto. Desde la dirección socialista se subraya que Ayuso marca la agenda popular y que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo se ve cuestionado por las posturas divergentes dentro de su propio partido.
Fuentes del entorno de Moncloa insisten en que el debate sobre el aborto debería considerarse superado en la sociedad española, pero argumentan que ha sido el propio PP, con sus declaraciones y vacilaciones, quien ha reavivado la polémica. En especial, señalan que las recientes intervenciones de Feijóo han evidenciado su acercamiento a las tesis de Ayuso, lo que alimenta la percepción de un PP dividido entre distintas sensibilidades.
Tramitación y expectativas parlamentarias
La propuesta de blindar el aborto en la Constitución requiere el respaldo del PP en el Congreso de los Diputados. El Gobierno prevé llevar la votación al Parlamento en enero, tras la emisión del informe correspondiente por parte del Consejo de Estado. Desde el Ejecutivo se anticipa que el debate interno en el PP será intenso, dada la pugna entre Ayuso y otras corrientes más próximas a la ultraderecha representada por Vox.
Ofensiva judicial y otros frentes abiertos
El Ministerio de Sanidad ha advertido que, si Madrid, Illes Balears y Aragón no atienden el requerimiento para crear el registro de objetores, se procederá a presentar recursos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Además, persisten otros litigios con la Comunidad de Madrid, especialmente en materia de memoria democrática y la proliferación de universidades privadas.
En paralelo, sigue pendiente la modificación del Real Decreto 825/2010 para eliminar la obligatoriedad de informar a las mujeres sobre el denominado “síndrome posaborto”, cuya existencia carece de respaldo científico. No obstante, desde Moncloa se reconoce que esta reforma no es prioritaria en estos momentos debido a su complejidad jurídica.
El aborto como eje político y electoral
En las últimas semanas, las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros han servido como escenario para que el Gobierno intensifique su discurso sobre el aborto y acentúe sus diferencias con Ayuso. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la titular de Sanidad, Mónica García, han criticado la postura del PP y sus pactos con Vox, especialmente en comunidades como Castilla y León, donde se intentaron imponer medidas restrictivas como la obligatoriedad de escuchar el latido fetal antes de interrumpir el embarazo.
Redondo ha señalado que los derechos de las mujeres han sido utilizados como moneda de cambio en las negociaciones entre PP y Vox, lo que generó una reacción social significativa que logró frenar algunas de estas iniciativas.
Impacto en la opinión pública y estrategia electoral
El presidente Sánchez ha subrayado en entrevistas recientes que en Madrid apenas el 1% de los abortos se realizan en la sanidad pública, lo que, a su juicio, responde a una decisión política basada en criterios ideológicos alejados de la realidad de muchas mujeres, incluidas votantes del PP.
El voto femenino ha sido tradicionalmente uno de los principales apoyos del PSOE. Sin embargo, las encuestas recientes han mostrado un descenso en la intención de voto entre las mujeres, en parte debido a polémicas internas como el ‘caso Cerdán’ y audios filtrados con comentarios machistas. Ante esta situación, el Gobierno ha intensificado sus medidas contra la prostitución y mantiene como prioridad la aprobación de una ley abolicionista.
Desde Moncloa y la sede socialista de Ferraz se considera que el aborto es un tema transversal y de amplio consenso en la sociedad española actual, por lo que el PP «tiene mucho que perder» si mantiene su actual estrategia. Por ello, el Ejecutivo anuncia que seguirá insistiendo en este asunto en los próximos meses, con el objetivo de reforzar su perfil progresista y recuperar la confianza del electorado femenino.
Conclusión
La nueva ofensiva del Gobierno en torno al aborto no solo busca garantizar este derecho a nivel constitucional y judicial, sino que también se enmarca en una estrategia política más amplia. El enfrentamiento con el PP, y en particular con Isabel Díaz Ayuso, se convierte en un elemento central de la agenda del Ejecutivo, con la mirada puesta en movilizar el voto de las mujeres de cara a futuras citas electorales.
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